Moratinos dice que el PP no le contó que autorizó el tránsito de prisioneros

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, aseguró ayer que "no tenía constancia de la existencia" del informe publicado ayer domingo por EL PAÍS, según el cual, el 10 de enero de 2002, la Embajada de EE UU en Madrid anunció al Gobierno de José María Aznar el inminente inicio de vuelos "para trasladar a prisioneros talibanes y de Al-Qaeda a la base de Guantánamo" y pedía permiso urgente para que estos aviones hicieran escala en España en caso de emergencia.

Tras subrayar su voluntad de "plena colaboración con la justicia", en alusión a que la Audiencia Nacional instruye un sumario sobre este asunto, Moratinos anunció que "ha abierto una investigación interna para localizar eventualmente cualquier documento sobre esta materia".

El ministro alega que no conocía el escrito "muy secreto" de 2002

Se da la circunstancia de que el informe difundido por este diario, que tenía la calificación de "muy secreto", lo firmó el entonces director general de Política Exterior para América del Norte y actual embajador en misión especial para Asuntos de Desarme y Políticas de Desarrollo, Miguel Aguirre de Cárcer, e iba dirigido al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y al secretario de Estado de Exteriores, Miquel Nadal.

Moratinos aseguró igualmente, a través de una nota de su departamento, que "no fue informado por el equipo anterior" de la petición del Pentágono ni de la autorización concedida para este tipo de escalas. El equipo anterior en Exteriores fue el dirigido por Ana Palacio, última responsable de la diplomacia española con José María Aznar.

El comunicado de Exteriores inducía a confusión al hablar de "vuelos de la CIA", un término que se utiliza para aludir a los aviones civiles fletados por el espionaje de Estados Unidos para secuestrar a sospechosos de terrorismo y trasladarlos a cárceles secretas o países donde se practica la tortura. En cambio, el documento secreto se refería a escalas en las bases españolas de Morón, Rota y Torrejón de aviones de la Fuerza Aérea de EE UU que llevaban prisioneros al penal de Guantánamo; una práctica también ilegal, pues la Administración Bush se situó deliberadamente al margen del derecho internacional en su lucha contra el terrorismo.

En su intervención ante el Congreso, el 24 de noviembre de 2005, Moratinos aseguró que "el Gobierno, con los datos que ha facilitado a la Cámara y obran en su poder, tiene la convicción, fundamentada en el resultado de la investigación realizada, de que todas aquellas escalas [de aviones militares estadounidenses] realizadas en el marco del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos [...] se han realizado de acuerdo a la ley".

Ayer, el ministro fue menos tajante. Se limitó a subrayar que, "desde la toma de posesión del Gobierno del presidente Zapatero, ha actuado siempre con plena transparencia y cooperación con la justicia".

"El Gobierno español", concluía la nota, "reafirma su pleno compromiso con la defensa de los Derechos Humanos. No ha permitido, ni permitirá ninguna violación de los mismos en su territorio en relación con los llamados vuelos de la CIA".