El primer escalón de la Justicia

Procurar la armonía en los municipios es el principal objetivo de los jueces de paz. Constituyen el primer escalón de la estructura judicial en España. El más cercano al ciudadano y, aunque no son profesionales de carrera, tienen una considerable actividad. Los 685 juzgados de paz que hay en Andalucía ingresan anualmente unos 300.000 asuntos, entre civiles y penales, y resuelven prácticamente la misma cantidad. Es la tercera comunidad autónoma con más actividad, tras Cataluña y Valencia.

Basta con ser español, mayor de edad, no pertenecer a partido político alguno y no estar ni impedido física o psíquicamente, ni procesado o condenado por delito doloso. Cada cuatro años se convoca la plaza en los municipios que no cuentan con juzgado de primera instancia e instrucción. El pleno del Ayuntamiento tiene que aprobar por mayoría absoluta al candidato, que posteriormente será nombrado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

"Intento que la gente se disculpe, resolver el conflicto antes de llegar al juicio oral"

Desde hace casi 20 años Antonio Vázquez es juez de paz en Pinos Puente (Granada). Tiene 62 y ya está jubilado, pero durante mucho tiempo compatibilizó sus funciones jurisdiccionales con su profesión de metalúrgico en el pueblo natal. "Intento que la gente se pida disculpas, resolver el conflicto antes de llegar a celebrar una vista oral". Esa es la filosofía. Las competencias en los juzgados son muy limitadas, pero contribuyen a la convivencia en la localidad.

Conciliación y conocimiento en primera instancia de juicios verbales de escasa cuantía son las competencias en el orden civil. En el penal, algunos juicios de faltas, acciones de carácter preventivo y colaboración con los jueces de instrucción. Les corresponde también el Registro Civil y tienen atribuidas funciones de auxilio judicial.

Reciben una escasa remuneración por los servicios que prestan, según el número de habitantes del municipio. En Pinos Puente, por ejemplo, son unos 200 euros al mes. Los jueces legos atribuyen al "honor, la satisfacción o la curiosidad" la decisión de ocupar dicho puesto y dedicar parte de su tiempo a solventar pequeños conflictos entre vecinos que no es preciso que resuelvan jueces de carrera.

La jubilación no impide continuar como juez de paz. De hecho, les permite dedicar más tiempo a la tarea. Así lo reconoce el de Pinos Puente o el de Camas (Sevilla), Francisco Lasheras, que preside la Asociación Democrática de Juzgados de Paz -con más de la mitad de los jueces de paz en Andalucía asociados- y también la Federación Estatal de Asociaciones de Justicia de Paz y Proximidad. Ambos acuden a diario a sus juzgados, normalmente por la mañana, ya que no tienen otra obligación laboral.

Vázquez puede considerarse afortunado porque cuenta con una sede amplia. Otros en cambio tienen que impartir justicia en poco más de seis metros, en dependencias municipales. Las instalaciones son "bastante deficientes", salvo excepciones, y así lo recoge en su memoria anual el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que destaca la "precariedad de medios e instalaciones".

Sevilla y Granada son las provincias andaluzas que registran más actividad. En 2007 ingresaron respectivamente 71.383 y 59.484 asuntos entre civiles y penales. Es también donde más juicios de faltas resolvieron estos juzgados por la vía penal, más de mil entre ambas provincias, y casi 500 juicios verbales en lo civil. Los exhortos ascienden a 113.000 en la comunidad.

Sin embargo, pese al papeleo que acarrea esta función, a los jueces de paz les gusta mediar entre los vecinos del pueblo, a los que suelen conocer bastante, a veces incluso hablan con ellos en la taberna e intentan solventar el conflicto originado por un muro de obra que se ha adentrado unos metros en una finca colindante, ruido o problemas con animales... La convivencia se torna, en ocasiones, difícil y para esos momentos están los jueces de Paz.

No todos son jubilados. Hay gente joven que ansía colaborar. Personas inquietas como Benjamín Díaz que a sus 24 años compagina ser juez de paz en La Iruela (Jaén), un pequeño pueblo de la Sierra de Cazorla, con sus estudios de Derecho. "Me llamaba la atención", explica este joven, que desde que fue nombrado en octubre no ha celebrado todavía juicio, aunque sí acto de conciliación y una boda, que es lo que más le ha llamado la atención.

El debate sobre sus conocimientos y la idoneidad para ejercer las funciones existe. El TSJA considera en sus últimas memorias que, dadas las funciones que se les encomiendan, "sería deseable que fueran licenciados en Derecho o se les adscribiera algún técnico para asesorarles".

La razón de su existencia es la cercanía de la Justicia al justiciable. Quienes se encargan de ello lo hacen con satisfacción. "Siempre ha sido un honor que se deposite en mí la labor de armonizar dentro de lo posible la vida diaria del municipio", concluye Lasheras, que lleva desempeñando esta función desde 1991 en distintos pueblos sevillanos.