Gallardón privatizará las licencias dos años después del 'Guateque'

Se acabó la discusión. Lo anunciaron hace justo un año, cuando se destapó el mayor escándalo de corrupción del Ayuntamiento de Madrid, el caso Guateque. En mayo se lo comunicaron a los colegios de arquitectos e ingenieros. Y lo pondrán en marcha en 2010. Ese año entrará en vigor el principal cambio en el sistema de tramitación de licencias municipales del Ayuntamiento. Se trata de delegar parte del proceso de gestión de permisos a entidades privadas. La oposición lo critica.

La nueva ordenanza de tramitación de licencias, que se aprobará en el pleno del próximo mes de marzo, se desarrollará poco a poco. De hecho, la medida más llamativa, las "entidades certificadoras", como las llama el Ayuntamiento, no entrará en vigor hasta 2010. "Habrá que empezar con el trabajo de acreditación de esas empresas. Y eso llevará algún tiempo", explica el concejal de Hacienda, Juan Bravo.

La idea, surgida después de que estallara el caso Guateque, es agilizar el proceso de gestión, ahora sólo en manos municipales. El ciudadano que desee hacer una obra deberá dirigirse a una empresa certificadora que tiene un plazo de dos meses como máximo para avalar que la reforma cumple los requisitos y enviar la documentación al Ayuntamiento. "A partir de ahí se inicia el procedimiento. El Consistorio tendrá un mes para otorgar o denegar la licencia. Si pasado el mes no lo ha hecho, se entenderá que el ciudadano tiene el permiso por silencio administrativo", explica Bravo. Ahora es preceptiva la respuesta (positiva o negativa) de la administración municipal.

Todas las agencias certificadoras tendrán que estar acreditadas por el Ministerio de Industria y cumplir los requisitos que dicte el Ayuntamiento. Las que acepten el compromiso, podrán captar clientes como quieran. Libre mercado. El Consistorio exigirá a dichas empresas un seguro de responsabilidad civil. Algo, que según Bravo, los colegios profesionales no estaban dispuestos a asumir. "El Colegio de Arquitectos proponía sistemas de primera y de segunda. No me gusta. Queremos un sistema único", explica Bravo en relación a la propuesta de los arquitectos de crear una suerte de proceso exprés por el que los ciudadanos podrían pagar un 1% del coste de la obra para que el trámite se realizara de forma más ágil desde el colegio profesional.

Precisamente, los arquitectos denuncian ahora que privatizar la tramitación de licencias es ilegal porque va contra la Ley del Suelo. "Tienen que modificar la ley. Ahora quien es competente para informar sobre los proyectos son los colegios profesionales y la administración. Pero no las entidades privadas", critica Paloma Sobrini, decana del colegio. Bravo lo niega. "Hagamos la ordenanza que hagamos, será recurrida por el Colegio de Arquitectos", sentencia.

Pasa a la página 2La decana de los arquitectos asegura que sí estaban dispuestos a asumir la responsabilidad civil en la tramitación. Sobrini carga duramente contra el nuevo sistema: "Los corruptos están frotándose las manos. Montarán sus propias empresas. Y el Ayuntamiento será el responsable".

Después de que se terminen las obras, la agencia certificadora tiene que llamar al Ayuntamiento, y un representante de cada entidad acudirá al lugar para comprobar que la obra se ajusta al proyecto inicial. Ése es el trámite para la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva para los establecimientos. El Ayuntamiento estudia que las agencias puedan acudir a una suerte de ventanilla única con el fin de agilizar todavía más la tramitación.

Otra de las novedades que introducirá la privatización de la tramitación de licencias es la obligatoriedad de pasar inspecciones cada cinco años. "El promotor que tenga la licencia tendrá que pasar una especie de ITV de su permiso. La empresa certificadora hará el informe para acreditar que el local sigue cumpliendo con la normativa. Así garantizaremos que todas las actividades de la ciudad están en regla de forma permanente y que las licencias siguen siendo regulares años después de concederse", explica el concejal de Hacienda.

Además, el pleno del próximo mes aprobará la reubicación de parte del cuerpo de bedeles del Ayuntamiento. Tras la privatización de muchos servicios municipales, unos 100 empleados han perdido su función. Ahora pasarán a constituir un cuerpo de notificadores de licencias. Hasta ahora, las notificaciones se hacían por carta, y ese trámite demoraba mucho el proceso. Según Bravo, el Ayuntamiento podía tardar en entregar una notificación más de un mes. Ahora se hará en mano y como máximo llevará 72 horas.