La juez exculpa a Construcuatro pese a constatar que cobró sobreprecios

Construcuatro, la inmobiliaria del presidente local del PP de Pontevedra, Telmo Martín, y de otros dos socios, cobró sobreprecios por los pisos de protección oficial que construyó en el polígono vigués de Navia, pero no incurrió en ningún tipo delictivo, principalmente porque en la operación no concurrió "violencia, amenaza ni engaño". Así lo considera la titular del juzgado de instrucción número 2 de Vigo, que ha dictado un auto en el que declara el sobreseimiento y el archivo de la causa.

En su fallo, la juez Pilar Carreira reconoce que Construcuatro, de la que Martín posee el 33%, cobró cantidades adicionales desde una situación "de superioridad", pero no estima la existencia de un ilícito penal. El auto ha provocado la indignación entre los afectados y su abogado, que ha anunciado la interposición de un recurso de apelación. "Ha quedado probado que los imputados cobraron sobreprecios y que lo hicieron contra la voluntad de los denunciantes, lo que constituye los delitos de coacciones, estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas", insistió el abogado.

Pero ese no es el parecer de la juez, que incluye entre sus argumentos el de que todos los afectados "accedieron a la mayor brevedad" a las entregas solicitadas por la inmobiliaria, ya que "les interesaba tal y como estaba el mercado adquirirlas incluso a tal precio". "No cabe concluir ningún tipo de fuerza o intimidación que haga considerar la existencia de coacción de relevancia penal", sostiene el auto, firmado el 17 de noviembre y que pone fin a dos años de diligencias judiciales.

La juez reconoce que por las viviendas -un total de 96-, Construcuatro exigía una entrega de 20.400 euros formalizada en un contrato privado. Los futuros compradores, agrega el auto, "debían entregar una cantidad variable, denominada 'mejora' por el constructor", que dependía de la vivienda a adquirir" y oscilaba entre 9.000 y 30.840 euros. "No constando en escritura pública o contrato de compraventa privada las citadas cantidades entregadas", agrega.

"No se constata un engaño suficiente" que forzara a los propietarios a pagar un sobreprecio, "sino que resulta un contrato concertado sobre un bien inmueble, sin que hasta la fecha actual ninguno de los adquirientes ha querido rescindir o declarar nulo", señala el auto. La juez considera la existencia de un "consentimiento libremente prestado por ambas partes, si bien una de ellas en cierta situación de superioridad". El auto deja la vía abierta al procedimiento administrativo sancionador abierto por la Xunta.

El fiscal del caso anunció que no recurrirá el auto, informa Elisa Lois, aunque fuentes próximas a la fiscalía aseguran que el caso ha motivado un análisis para tipificar penalmente este tipo de conductas. El portavoz de los afectados, Guillermo Vivero, explicó por su parte que el sobreseimiento del caso "confirma" las sospechas del colectivo, que denunció en varias ocasiones la "falta de interés por investigar y de que la cosa fuese adelante". En declaraciones a Europa Press, Vivero afirmó sentirse "desilusionado", aunque advirtió que los afectados "no perderán la esperanza". "Nos quedan los recursos y seguiremos peleando para recuperar lo que hemos pagado", aseguró.