Los abogados de oficio amenazan con suspender la asistencia

Los abogados del turno de oficio del Colegio Profesional de A Coruña, que engloba toda la provincia salvo Ferrol y Santiago, amenazan con dejar de prestar asistencia jurídica gratuita si en el plazo de un mes la Consellería de Presidencia e Xustiza no modifica el actual procedimiento administrativo para abonar sus servicios. Escollos burocráticos hacen que, en la actualidad, estos letrados no logren percibir honorarios cuando acuden a asistir, como están obligados por ley, a un detenido o un imputado en el ámbito penal. La mayoría de estos defendidos se declaran insolventes pero no cubren, tras la intervención del abogado de turno de oficio, el papeleo imprescindible que requiere la consellería para otorgarle asistencia gratuita.

No es la única queja de un colectivo que sufraga a precios mínimos un servicio público para cubrir un derecho fundamental de las personas como es la tutela judicial efectiva. En el centro de las reivindicaciones de estos profesionales está también la deuda de la Xunta con los colegios de abogados de Galicia, que se ven obligados a adelantar los gastos de mantenimiento e infraestructura del turno de oficio y del servicio de orientación jurídica. La consellería que dirige José Luis Méndez Romeu debe al Consello da Avogacía 740.000 euros por este concepto.

"No es posible que un letrado que presta un servicio obligatorio y necesario no cobre por su trabajo, falla un eslabón y la solución sería sencilla, bastaría con aplicar el mismo procedimiento que se sigue en los asuntos que no son penales", asegura Roberto Rodríguez, portavoz de los abogados coruñeses del turno de oficio. La junta directiva del colegio provincial acordó ayer remitir a la consellería que dirige el socialista José Luis Méndez Romeu su hoja de reclamaciones sobre las principales disfunciones de la asistencia jurídica gratuita. Una de ellas afecta de lleno a las víctimas de violencia doméstica, advierten los letrados, dado que, como en el caso de imputados o detenidos por casos penales, tampoco cubren los trámites administrativos para garantizar que el abogado del turno de oficio que les asiste perciba sus honorarios.

Los letrados exigen de la consellería un nuevo baremo de compensación para evitar, como ahora, cobrar por una asistencia jurídica gratuita menos del 20% de sus honorarios habituales, además de sufragar los gastos de desplazamiento y disponibilidad. Rodríguez pone como ejemplo la ampliación de la cobertura gratuita en procesos administrativos, "pese a que no es obligatorio por ley ser asistido por un abogado". En turno de oficio se cobran 15 euros por cada servicio. El colegio provincial asegura que irá a la huelga si no se atienden sus reivindicaciones.