La plataforma educativa no se fía de Camps y mantiene las protestas

Exige la dimisión de Font de Mora y la concreción de la moratoria

La Plataforma per l'Ensenyament Públic no se acaba de fiar de los anuncios de diálogo y negociación hechos públicos por la Generalitat y mantendrá todas las movilizaciones convocadas. La plataforma insiste, además, en reclamar la dimisión del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora.

Los miembros de la plataforma mantuvieron ayer una reunión de dos horas al término de la cual su portavoz, Gemma Piqué, vicepresidenta de la Federación de Madres y Padres de Alumnos Gonzalo Anaya, reclamó "una negociación directa con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que es el máximo responsable de la política educativa, y un acuerdo por escrito". La plataforma celebró el cambio realizado por el Consell, pero mantuvo su exigencia de "la retirada total de la orden", que obligaba a poner un traductor en todas las clases de Ciudadanía.

El PSPV advierte al Consell de que "los errores se corrigen, no se aplazan"
"Camps usó el inglés para desvirtuar la asignatura", según critica la oposición
"Las protestas dan la imagen parcial y caótica del sistema", dice Font de Mora
La cita de Gómez y los directores queda en un intercambio de opiniones

Piqué recordó que, después de 13 años de Gobierno del PP, la lista de problemas acumulados en el sistema educativo no ha retrocedido, sino que persiste. "Los barracones, la falta de plazas públicas de infantil o de profesores de inglés no han desaparecido con el anuncio, que yo sepa", resume. Y, por tanto, "las razones para que Font de Mora dimita, tampoco".

La Plataforma per l'Ensenyament ratificó ayer su intención de mantener las presiones en todo el sector de la enseñanza pública y de seguir adelante con los encierros en los institutos y con la manifestación del próximo 29 en Valencia. Tampoco descarta mantener, por ahora, la huelga general del sistema educativo convocada para el próximo 17 de diciembre.La protesta educativa que surgió contra la imposición de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés ha servido para poner sobre la mesa todas las deficiencias existentes en la enseñanza pública. El consejero, sin embargo, sostiene que la Comunidad Valenciana "cuenta con la red educativa pública más potente a nivel nacional".

No es lo que piensa la Plataforma per l"Ensenyament. "Cada pueblo y cada comarca" ha elaborado un manifiesto sobre lo que ocurre en su entorno debido a "la mala gestión de la política educativa de la Generalitat y de su consejero", resumió Gemma Piqué. Por tanto, prosiguió la portavoz, "si no hay un cambio de rumbo y no se tiene en cuenta la voz de la plataforma o del Consejo Escolar Valenciano, se seguirá pidiendo la dimisión de Font de Mora".

La plataforma tiene ahora un mes por delante -hasta el 17 de diciembre, que está convocada la huelga- para negociar con la Generalitat. "La huelga sigue en pie", puntualizó. Pero, de entrada, exige "no sólo la retirada o suspensión total de la orden" (que obligaba a "traducir" los contenidos y las clases de inglés), sino también que se atiendan las múltiples "reivindicaciones" para mejorar el sistema educativo público y combatir el alto índice de fracaso escolar del sistema educativo valenciano.

Estas exigencias están contenidas en el manifiesto Diez razones para la huelga, que sirve de lema para la captación económica de fondos con que sufragar los gastos de las movilizaciones, a través de vales que pueden adquirirse en la web www.fontdemoradimissio.org.

Por otra parte, el portavoz de Educación del PSPV-PSOE, Adolf Sanmartín, y la secretaria de Educación, Pilar Sarrión, calificaron ayer, en rueda de prensa, de "insuficiente" la moratoria anunciada verbalmente el martes en los pasillos de las Cortes por el consejero Font de Mora, porque "no va a solucionar el problema".

"Los errores se corrigen, no se aplazan", remató Sarrión. Los socialistas valencianos, en línea con lo expresado el martes por el Ministerio de Educación, consideran que una moratoria sólo supone "aplazar la solución a una grave situación creada por la irresponsabilidad manifiesta", tanto del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como de su consejero, puntualizaron.

Ambos tendrán que reconocer que "han cometido un gravísimo error en relación con la impartición de Ciudadanía en la Comunidad Valenciana".

El PP, en su opinión, ha utilizado "sectariamente, indecentemente y de manera partidista a los alumnos". Y Camps, añadieron, "ha utilizado el inglés para desvirtuar una asignatura que transmite los valores democráticos promulgados por la Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

El consejero de Educación respondió afirmando que se están haciendo "obras nuevas" para mejorar la red pública de centros educativos y reprochó a sus críticos que se fijen "exclusivamente" en las "insuficiencias", porque con ello lo que consiguen es "trasladar a la población una imagen muy parcial, que no es cierta, y más bien caótica del sistema público". Esa actitud, remató el consejero Font de Mora, "sí incide en un problema de desprestigio del sistema público".

Font de Mora apeló a la moderación. "Hemos de trabajar todos desde perspectivas tranquilas y sosegadas, dentro de un sistema democrático de diálogo".

El nuevo marco de diálogo al que se refirió el consejero dio ayer poco de sí. La primera reunión de la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, con la Comisión Permanente de Directores se redujo a un primer intercambio de opiniones sobre "cómo se puede implementar el trilingüismo a través de un proyecto planificado y de largo plazo". Los directores trasladaron su "voluntad" de llegar a "consensos básicos" en el enrevesado conflicto de la Ciudadanía y cuestionaron de nuevo la elección de esta materia para reforzar el inglés en el sistema educativo valenciano debido al bajo nivel comprensivo del alumnado, explicó el portavoz de los directores, Vicent Baguetto.

Gómez no concretó nada sobre cómo piensa "lograr acuerdos" en un asunto donde las posiciones están tan definidas. Sólo anunció que el lunes y el martes convocará a los sindicatos y a las federaciones de padres. De entrada, los encierros programados en una treintena de localidades continuaban ayer y hoy.

Diez razones para una protesta

- Faltan plazas escolares públicas. La solución que ofrece la consejería son barracones en los patios y espacios comunes.

- No hay una red pública de 0 a 3 años. El dinero del Estado no se invierte en guarderías públicas, sino en conciertos.

- Alta rotación de plantillas docentes. No hay estabilidad en los equipos de profesores, lo que dificulta la planificación.

- Faltan educadores y fisioterapeutas. Los alumnos con necesidades educativas especiales están desatendidos.

- No hay proceso de matrícula equitativo. No existe una distribución del alumnado inmigrante en la privada-concertada.

- No hay especialistas de lenguas extranjeras. Esto hace que los niños no aprendan otro idioma desde Infantil y Primaria.

- Las plazas docentes no están catalogadas. Los alumnos no pueden seguir los estudios de ESO en valenciano.

- Retirada de la orden de Ciudadanía en inglés. Cuando aún no se puede estudiar en valenciano ni inglés desde Infantil.

- El bono libro no garantiza la gratuidad. No cubre el precio total de los lotes de libros y no llega a todas las etapas.

- El 21% de alumnos deja los estudios a los 15 años. Hace falta un plan de choque contra el fracaso académico y el abandono escolar temprano.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 19 de noviembre de 2008.

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