Medidas tardías de las instituciones tras la muerte de Álvaro Ussía

Tarde y a la carrera. Así han reaccionado las dos grandes instituciones de la región a la mortal paliza que recibió Álvaro Ussía Caballero, de 18 años, la madrugada del sábado en una discoteca de Moncloa. Los tres porteros de El Balcón de Rosales le dieron tantos golpes en el pecho que le reventaron el corazón.

La tragedia empujó ayer al Ayuntamiento a cerrar la discoteca, sobre la que ya pesaban 47 denuncias de la Policía Municipal por infracciones administrativas; al menos una de ellas, en 2007, era por graves deficiencias de seguridad: no tener señalizadas las salidas de emergencia, no contar con una puerta antipánico y tener vallas en dos de ellas.

La Comunidad, por su parte, y después de que en un solo año hayan muerto tres personas a manos de porteros de discotecas -las otras dos fueron en Fuenlabrada y Alcorcón, donde fallecieron dos magrebíes-, anunció que regulará legalmente las funciones de los vigilantes. Algo que se negocia desde hace más de un lustro y que el propio gremio de profesionales reclama.

El Ayuntamiento revocará la concesión administrativa otorgada a Parques Reunidos para la explotación de El Balcón de Rosales. La decisión fue tomada tras una reunión de urgencia entre los concejales de Medio Ambiente (Ana Botella), Seguridad (Pedro Calvo) y Moncloa (Álvaro Ballarín) y el vicealcalde, Manuel Cobo. Pero los motivos del cierre no quedaron claros. Según Cobo, que insistió en desligar las infracciones administrativas del homicidio, se ha producido por "deficiencias y abuso en las condiciones de la concesión que fue renovada en 2000". Es de suponer que dichas irregularidades están contenidas en las 47 denuncias que realizó la Policía Municipal durante las 10 inspecciones a las que sometió al local a partir de 2005. Todas conocidas por Calvo, según denunció y acreditó el PSOE con un documento firmado por el concejal. Pero entonces eso no fue motivo suficiente para cerrarla.

En la última inspección, el 12 de octubre, la policía solicitó el cierre urgente del establecimiento. Pero la solicitud nunca llegó a la Junta Municipal. El pasado viernes, un mes y dos días después, el documento llegó a manos del mando de la Unidad de Moncloa. Pero el Ayuntamiento seguía en la inopia.

La concesión del establecimiento fue renovada por el pleno municipal en 2000. Tiene licencia de café-espectáculo, que le permite abrir hasta las 5.30. Su adjudicatario es una empresa propiedad de Parques Reunidos, firma que gestiona el Zoo de Madrid, el Parque de Atracciones y el Parque Warner.

Parques Reunidos emitió ayer un comunicado en el que expresa su "profundo dolor por los hechos", pero insiste en que "el servicio de portería está contratado a una empresa externa, a quien corresponde la selección y supervisión del personal".

El consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, a la carrera y obligado por la trágica agenda mediática, anunció ayer que "en muy pocos días" presentará un borrador de Decreto de Ley de Espectáculos Públicos que regulará la seguridad de los lugares de ocio nocturno y a los porteros. Una buena intención que han tenido los Gobiernos de la Comunidad desde 2002 pero que, en toda España, sólo ha implantado el Gobierno catalán.

Decenas de denuncias contra "El balcón de Rosales"