El PSOE y el PP aparcan sin fecha la renovación del Constitucional

"Ésta es mi última intervención como presidenta del Tribunal Constitucional en una reunión de este tipo", aseguró el jueves María Emilia Casas en Bilbao, en la reunión anual de letrados de tribunales constitucionales. La frase fue recibida con sorna. Porque ya empieza a ser una evidencia que la renovación del Constitucional, incluida la de su presidenta, puede demorarse meses, como poco hasta el próximo periodo de sesiones tras el parón navideño. La anterior renovación, en 1998, se retrasó nueve meses y fue un escándalo.

Cuatro de sus 12 magistrados acabaron su mandato de nueve años en diciembre y queda pendiente que el Congreso nombre al sustituto de Roberto García-Calvo, fallecido en mayo. En unos días se cumplirá un año de la fecha en la que Casas y otros tres magistrados tenían que haber sido sustituidos por el Senado (otros cuatro los nombra el Congreso, dos el Gobierno y dos el Poder Judicial), que ha movilizado a todos los Parlamentos autonómicos para que propusieran candidatos, en un novedoso y complicado procedimiento.

El retraso de nueve meses en 1998 fue un escándalo; ahora ya es de un año

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han hablado al menos dos veces del asunto, sin que se vislumbre la solución. Y pese al Pacto de la Justicia que firmaron en julio, PSOE y PP no muestran interés en buscar salidas y han decidido guardar en un cajón la renovación del Constitucional, que agoniza en la carpeta de "asuntos pendientes" de la Mesa del Senado. Javier Rojo, presidente de la Cámara, ha dejado claro que sin acuerdo previo ni garantías de consenso, frenará la renovación. Y quienes tienen que pactar admiten que ni hablan ni tienen pensado hacerlo.

En esta situación PSOE y PP no descartan ya que la renovación se posponga como mínimo hasta febrero de 2009. Para esa fecha esperan que el tribunal haya fallado sobre el Estatuto de Cataluña y los matrimonios homosexuales. En una reciente comparecencia del ministro Mariano Fernández Bermejo, el portavoz popular de Justicia en el Senado, Agustín Conde, explicó la postura de su partido: "Cuando los señores magistrados del Constitucional hayan dictado la sentencia en el Estatuto de Cataluña podemos iniciar las conversaciones para renovar a los cuatro magistrados que le toca a esta Cámara". Bermejo lo pasó por alto.

Hasta este momento, los Parlamentos autonómicos han enviado sus propuestas al Senado. Es la primera vez que participan en el proceso. Mientras el PSOE se ha creído su propia ley y ha propuesto candidatos diferentes en todas las comunidades, el PP ha hecho que sus dos únicos candidatos sean Francisco Hernando y Enrique López, presidente y portavoz del anterior Consejo General del Poder Judicial. El PSOE los rechaza. De ahí no se mueve ninguno de los dos.

Formalmente, el Senado "continúa tramitando el expediente" de los candidatos. Es decir, que activará el proceso de nombramiento a discreción, que será cuando haya acuerdo previo entre PSOE y PP. Un portavoz de la Cámara le ha advertido, sin embargo, que un retraso excesivo empezará a dañar al propio Senado. Y ya se le han acabado las excusas formales para seguir retrasando su obligación constitucional de realizar los nombramientos. La Cámara lleva más de un mes para examinar 23 currículos y decidir si cumplen o no el requisito legal de tener 15 años de ejercicio profesional. A cuatro candidatos les ha pedido más datos. Juan Carlos Campo, Enrique López y José Luis Aurtenetxe no cumplirían el requisito de los 15 años si se tienen en cuenta ciertos precedentes sobre qué significa servicio activo en la carrera.

Por tanto, quedan pendientes dos decisiones. Del PSOE y el PP, que se pongan de acuerdo en cuatro nombres. Y del Senado, que decida el criterio que va a utilizar para evaluar si tienen o no los 15 años de ejercicio profesional. La primera decisión condiciona completamente la segunda. Mientras, los 23 nombres están en un limbo burocrático.