La inspección reseñará los casos más graves de casas ilegales para demoler

La legalidad urbanística es un camino que no admite atajos y su restitución debe ser contemplada en los planes de ordenación municipales. Este mensaje lo repite insistentemente el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en las reuniones que viene manteniendo con los alcaldes para abordar el planeamiento. El fenómeno ha adquirido tal dimensión, con decenas de miles de construcciones en suelo no urbanizable repartidas por todo el territorio andaluz, que no cabe una respuesta global. Ni es factible demoler todas las viviendas ilegales, ni es aconsejable una amnistía general porque quitaría legitimidad a la normativa.

El proceso de normalización urbanística tendrá que establecer así una jerarquía de las irregularidades, y determinar las que son asumibles por el planeamiento y las que no tienen más remedio que quedar fuera de ordenación. Algo similar al plan de regularización diseñado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella cuyo autor, Manuel González Fustegueras, adoptó para explicarlo el concepto de pecados mortales y veniales.

El recién creado cuerpo de inspección urbanística tiene entre sus misiones definir un censo preciso de todas las irregularidades producidas, que permitirá establecer esa graduación de medidas a aplicar para restituir la legalidad, pero siempre desde la premisa que ninguna infracción debe quedar impune y de que el interés general debe prevalecer sobre el de los particulares.

Para dar garantías de objetividad y despejar dudas de arbitrariedad, se ha elaborado un reglamento que establece cuatro criterios fundamentales sobre las prioridades de este plan general de inspección urbanística.

- Repercusión social. Se trata de considerar el contexto social, jurídico o económico. "Hay que atender la existencia de una especial sensibilidad social sobre determinadas infracciones porque es necesario conectar la acción disciplinaria de la Administración con la sociedad civil", explica el director general de Inspección, José Antonio Ortiz. Esto es, actuar en sitios como Medina Azahara, El Palmar o La Axarquía, donde el fenómeno urbanístico es conflicto social.

- Prevención. Deben ser prioritarias aquellas acciones disciplinarias que pueden tener un efecto añadido de prevención de infracciones para evitar que se multipliquen. Una actuación rápida y eficaz contra las primeras manifestaciones de un nuevo tipo de infracción puede tener este efecto preventivo, y un ejemplo puede ser el nuevo fenómeno de instalación de casas de madera favorecido por la creencia errónea de que se pueden poner en suelo no urbanizable.

- Consideración territorial. Serán preferentes las actuaciones que tengan una incidencia de escala territorial y afecten a suelos protegidos, o reservados para infraestructuras y equipamientos en el planeamiento autonómico. No es lo mismo la conversión en vivienda de una casa de aperos si está en un barranco, o en el cauce de un arroyo, que en un suelo sin este tipo de problemas. Una urbanización que ocupe suelo para vías de comunicación en un monte de forma que obligue a replantear la infraestructura, no es lo mismo que si está en una llanura donde se puede hacer sin problema un trazado alternativo.

- Beneficio económico. Debe haber respuestas disciplinarias distintas para aquellas infracciones que han proporcionado lucro a su autor, de aquellas otras que no. Por ejemplo, parcelaciones ilegales que han permitido construir y vender varias casas en un terreno, que construir una vivienda para uso propio. Ortiz explica que cuando hay una actividad profesional hay más capacidad de vulnerar los intereses generales. Por ejemplo, llenar de casas una vega a costa de destruir cultivos.