Caja Madrid y la publicidad abren de nuevo la guerra interna del PP

Esperanza Aguirre hizo ayer dos movimientos tácticos en la guerra interna que la enfrenta al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. El conflicto tiene desde hace semanas un frente abierto por el control de Caja Madrid. Gallardón ha apoyado el proceso electoral para renovar la caja abierto por su actual presidente, Miguel Blesa, que aspira a continuar en el cargo, y cuenta con el apoyo de los sindicatos. Tiene en contra a Aguirre.

La táctica que empleó ella ayer fue la de posponer la reforma de la ley regional de cajas que había anunciado el martes su consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta. En cambio, abrió otro frente con el alcalde, al cuestionar la ordenanza municipal de publicidad y anunciar alegaciones porque invade sus competencias.

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En el conflicto por Caja Madrid, el PP de Aguirre ha decidido no atacar sola, sino de la mano del Partido Socialista de Madrid (PSM). Por eso, el Gobierno regional ha optado por retrasar el proyecto de ley que reformará la Ley de Cajas de 2003 hasta que los socialistas den el visto bueno, pese a que no necesitan de sus votos en la Asamblea, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Además, ya no hay prisa en presentar la ley porque esta semana la Cámara regional ha declarado hábil enero, por lo que la tramitación podría hacerse a principios de año. "Cuando lo tengamos perfectamente elaborado y hablado con el Partido Socialista, presentaremos el proyecto", anunció el vicepresidente regional, Ignacio González, que no avanzó ningún punto de la nueva normativa.

Fuentes del PP y del PSM apuntan a que el acuerdo pasa porque la Cámara regional tenga más peso al elegir a los representantes de Caja Madrid, en detrimento de los ayuntamientos. Los dos partidos se repartirían proporcionalmente los cargos. Con la reforma pretenden paralizar también el proceso electoral abierto. Pero el pacto no está cerrado. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, afirmó que todavía no conoce el fondo de la reforma. "No tenemos el texto ni nos han llamado para consultarnos", afirmó. "No hay ningún acuerdo con el Gobierno".En realidad, lo que existe es una negociación bajo cuerda entre el PP y el PSM para renovar la Ley de Cajas, y que se ha demostrado en que los consejeros afines a Tomás Gómez se han postulado en la misma línea que los cercanos a Aguirre en el seno de Caja Madrid.

Pero esta confluencia de intereses ha situado a los socialistas en una posición difícil porque, pese a que a Gómez le interesa la renovación de los consejeros, eso le hace situarse junto a Aguirre. De ahí que el líder socialista anunciara ayer que, en la Asamblea General de la entidad del próximo lunes para iniciar la convocatoria electoral, sus consejeros van a abstenerse. "No soy partidario ni de Blesa ni de Aguirre", afirmó. "Ésta es una batalla interna del PP que han llevado a otras instituciones, como a la Cámara de Comercio, y ahora trasladan aquí".

De estos movimientos queda fuera IU. Su portavoz, Inés Sabanés, se mostró muy tajante en contra de la reforma. "Este debate es un profundo error en plena crisis", argumentó.

La otra jugada de Aguirre fue buscarle las cosquillas a Gallardón en el ámbito municipal. El vicepresidente, Ignacio González, anunció que presentarán alegaciones a la ordenanza municipal de publicidad porque invade competencias autonómicas en "publicidad, fomento del desarrollo económico, desarrollo legislativo del patrimonio histórico-artístico y laboral". Si el Ayuntamiento no acepta sus peticiones, el Gobierno regional impugnará la ordenanza en los tribunales.

Uno de los aspectos más polémicos de la norma es la prohibición de los hombres anuncio, con el argumento de que este empleo es indigno. El informe jurídico del Gobierno regional recuerda que el concepto de "trabajo decente" está recogido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Lo que permite determinar si el trabajo es digno o indigno no es la relación laboral (...), sino las condiciones en las que se desempeña", agrega. Por eso, concluye que no se puede prohibir la actividad "voluntariamente desempeñada", sino procurar "que se desarrolle con pleno respeto a los derechos" de los trabajadores. Éste es uno de los aspectos que hacen concluir que la ordenanza peca de "intervencionismo exacerbado". Las alegaciones del Ejecutivo regional también cuestionan la prohibición de que los vehículos privados lleven publicidad.

Con un cartel delante y otro detrás, Francisco pasaba ayer horas de pie en la Puerta del Sol. Nada sabía de la decisión de Aguirre. "Si nos quitan los carteles, tendremos que gritarlo a voces", informa Amaya Izquierdo. Cuenta como, debido a la crisis, cada vez tiene más clientes que venden alhajas. Su jornada es de siete horas y cobra 800 euros al mes. "No es un trabajo humillante", asegura. "Gallardón cobra más de 100.000 euros y no ve que esto es una forma honrada de ganarse la vida. En mi país, Venezuela, siempre se ha dicho que la mariposa nunca recuerda cuando era gusano".