Madrid se ausenta de la reunión sobre el plan estatal de vivienda

La Comunidad de Madrid dejó ayer vacía su silla en la conferencia sectorial en la que se expuso el último borrador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, celebrada en Barcelona. Y eso que el director regional de Vivienda, Juan Van Halen, se había trasladado anteayer a la capital catalana para inaugurar el expositor regional del salón Barcelona Meeting Point, lo que todavía indignó más a los responsables del Ministerio de Vivienda, empezando por su titular, Beatriz Corredor.

La ministra se mostró sorprendida tras la conferencia porque "una comunidad como Madrid decidiera que la reunión no era lo bastante importante". A ella acudieron los consejeros de todas las comunidades salvo de Madrid, Murcia y el País Vasco. Sin embargo, las dos últimas enviaron al director general del ramo y disculparon su ausencia por problemas de agenda. Un portavoz de la Comunidad afirmó que la consejera, Ana Isabel Mariño, no acudió a la reunión porque consideró que estaba "vacía de contenido" y que no recogía sus propuestas.

La Comunidad se opone sobre todo a dos puntos del plan. Desde un principio rechazó que en un año se deba crear un registro único de solicitantes para vivienda protegida porque opina que sólo crea burocracia. El Ejecutivo central pretende eliminar con estas listas cualquier tipo de fraude en la adjudicación de pisos sociales.

La consejería también se niega a que las viviendas protegidas estén calificadas como tales durante un periodo mínimo de 30 años. Es decir, que en estos años no se puedan vender en el mercado libre. Corredor justificó la medida en que un piso público debe estar siempre "a disposición" de generaciones futuras o de gente que lo necesita si su propietario mejora de condiciones y decide vendérselo. Varias comunidades ya han legislado al respecto. Las viviendas que promueve Cataluña, por ejemplo, no pueden venderse al mercado libre durante 90 años.

Corredor recordó que la mayor parte del presupuesto de Vivienda y de las inversiones del plan van destinadas a la Comunidad de Madrid, y sostuvo que el 75% de las viviendas de protección que se inician en la región tienen financiación del Gobierno central. "Ha habido un alto nivel de consenso. Lo han aprobado consejeros de hasta cuatro colores políticos y todos los que están aquí dicen sentirse reflejados en el plan", aseguró la ministra.