Protección de Datos censura la difusión de datos en los colegios
La Junta limitará la información pública en la escolarización
Seria llamada de atención a la Junta. La Consejería de Educación cometió una "infracción muy grave" al difundir datos personales en el proceso de escolarización del alumnado, según denunció ayer la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Nombres y apellidos, titulación o nivel educativo, renta, domicilio, números de móvil o resultados de exámenes de los alumnos son datos del ámbito privado que podían ser visto por terceros en tablones de anuncios, Internet o Boletines Oficiales. Educación difundía estos datos, que incluso contenían detalles relativos a la salud hasta febrero de 2007, pero ahora la Agencia le exige que rectifique y así lo hará.
"El suministro de información que contenga, o de la que puedan derivarse datos de salud, renta y otros", según la agencia, debe realizarse "únicamente previa petición de interesados que formen parte del proceso de concurrencia ante posibles desacuerdos o comprobaciones". La AEPD alerta de este modo contra la obligación para publicar la relación de solicitantes de plaza, junto a la puntuación obtenida por cada uno de los criterios de baremación. La puntuación parcial asignada a cada alumno incluía hasta el año pasado la minusvalía en la unidad familiar y la enfermedad crónica del alumno.
La agencia afirma que "garantizar los principios de transparencia y concurrencia competitiva" no implica por ejemplo comunicar a terceros informaciones sobre la salud. Educación ya trabaja en la derogación de la orden referida a la admisión de alumnos. La Ley Orgánica de Protección de Datos establece que los datos de carácter personal "que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".
Intimidad y Ciudadanía
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, estima que la Junta ha vulnerado el derecho a la intimidad de casi cien menores objetores a la asignatura Educación para la Ciudadanía, al publicar sus nombres en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). El abogado de la asociación de familias, Carlos Seco, anunció que incluirá la resolución de Chamizo en su denuncia ante la Fiscalía de Menores. Los nombres de los alumnos figuraban en 81 resoluciones de inadmisión o desestimación de sus solicitudes de objeción de conciencia. "La resolución esclarece el asunto, obligando al presidente Manuel Chaves, a cesar inmediatamente a la consejera de Educación, Teresa Jiménez", opinó Seco.
El portavoz del Gobierno, Enrique Cervera, admitió que la publicación fue "innecesaria" y garantizó que "no volverá a repetirse". Cervera matizó que la publicación "no debió de ocurrir y que, en todo caso, sólo deberían haber aparecido las iniciales de los menores".
