Competencia saca los colores a Álvarez

El pasado julio, antes de que el Gobierno aprobase en el Consejo de Ministros extraordinario las medidas liberalizadoras para dinamizar la economía del país, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) emitió un informe sobre el transporte de viajeros por carretera que ha sacado los colores a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. El informe ha pasado prácticamente inadvertido en medio de la tormenta financiera, pero en él Competencia acusa a Fomento de falta de liberalización en el sector. El organismo que preside Luis Berenguer subraya categóricamente que el sistema de adjudicación de concesiones de rutas de autobús interurbano presenta "obstáculos para el mantenimiento de una competencia efectiva en el acceso a este mercado" y advierte claramente que podría recurrir por procedimiento contencioso-administrativo contra Fomento en el caso de que los pliegos de los concursos presenten restricciones a la competencia. Pero sostiene que debería ser el último recurso, ya que lo deseable es que se tengan en cuenta sus observaciones.

De tal manera se lo ha tomado en serio la ministra que en las primeras oportunidades que ha tenido ya ha comenzado a rectificar en el sistema de puntuación que se otorga para lograr un contrato: las empresas concurrentes tendrán la posibilidad de mejorar su puntuación con la mejora del servicio, como sistemas de indemnizaciones a los viajeros en caso de retrasos, medidas de atención, eficiencia energética o facilidades de acceso a los vehículos para personas con movilidad reducida. Algo que pedía la CNC, que se queja de que los antiguos concesionarios parten con una puntuación de ventaja que hace casi imposible quitarles el contrato. De hecho, ya en el informe Competencia reconoce que Fomento ha impulsado "cierto proceso liberalizador", aunque en su opinión "existe una serie de factores que aconsejan replantearse si se avanza por el camino y con la intensidad adecuados".

La CNC cuestiona el modelo concesional porque constituye un "monopolio temporal". En este sentido, el organismo apunta que el Protocolo de Apoyo acordado entre Fomento y las empresas y sindicatos del sector el pasado año plantea "serias limitaciones" y "no constituye un marco lo suficientemente favorecedor de la competencia". "Se trata", dice, "de un mecanismo que facilita la continuidad de los actuales titulares de las concesiones con una dinámica monopolística de larga duración y enorme gravedad", y, por ello, "podría excluir injustificadamente a una parte de las empresas de transporte de la UE de menor dimensión, pero con acreditada solvencia".

La UE limita la duración de contratos a un máximo de 10 años, con la posibilidad de ampliarlo 5 más. En España el plazo va de 6 a 15 años. El plazo debe responder a una recuperación de inversiones y garantía de prestación de servicios; pero no se encuentran justificadas la duración excesiva de concesiones, que en ocasiones ha sobrepasado los 20 años. La situación es más preocupante a nivel autonómico. La mayor parte de las grandes concesiones finalizan entre 2013 y 2014, muchas de ellas porque se han prorrogado tras expirar en 2007 y 2008. Por otra parte, se han producido muchos cambios de titularidad y unificaciones (la compra de Alsa y Continental por la británica National Express y de Avanza por el fondo también británico Dougthy Handson, ahora se ha puesto en venta Trapsa), lo que también reduce a competencia.

Por otro lado, tras las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del 14 de agosto, una Comisión Interministerial ha comenzado a elaborar ya la hoja de ruta para poner en marcha la reforma del sector de seguridad jurídica preventiva, es decir, notarios y registradores. Esa comisión (formada por Justicia, Economía, Vivienda, Industria y el Catastro) debe cerrar el diseño del futuro sector antes del 1 de enero. Se trata de evitar duplicidades y solapamientos, reducir costes (de hecho ya han bajado los aranceles un 20%) y, en definitiva, cambiar el sistema, que puede dar lugar a una forma de integración y, de paso, aumentar el número de profesionales.

En ese equipo interministerial no participa la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), lo que sí puede hacer es aportar propuestas liberalizadoras, sobre todo en las transmisiones inmobiliarias. La verdad es que, visto en comparación con otros países, muchas funciones son decimonónicas, como el propio registro de la propiedad, y que podrían superarse como meros trámites sin que participasen ellos. -