"¡El Ejército nos invade!"

Más que imponer, la presencia militar en los alrededores de la base de Figueirido (Pontevedra), molesta. En los núcleos rurales que circundan la Brilat se sienten intimidados por los soldados que utilizan las zonas boscosas para su entrenamiento. "A ellos les da igual si es un terreno particular o no, se creen que por llevar uniforme pueden hacer lo que les venga en gana", comenta, airado, Marcial Franco, gerente de un aserradero de piedra en Vilaboa.

Marcial conoce de primera mano los inconvenientes de tener el negocio pegado a una base militar, un roce que en más de una ocasión a punto ha estado de llegar al enfrentamiento. "Bajan corriendo por la carretera, por el adiestramiento, y tú tienes que parar y apartarte para dejarlos pasar", protesta. "¡Que se aparten ellos!", clama. "A un militar vestido de uniforme hay que respetarlo, y nosotros ¿qué?". Esos duelos a pie de asfalto entre las compañías militares y el camión cargado de Marcial son conocidos por los vecinos, aunque no van más allá de miradas desafiantes.

Los comuneros aseguran que Defensa aplica una ley del franquismo

La decisión del Ministerio de Defensa de ampliar el perímetro de seguridad de la Brilat en una franja de 300 metros, donde se ubican más de un centenar de viviendas y varias naves industriales, ha sido el chispazo que ha conseguido poner a los afectados en pie de guerra. "Ellos lo cogen todo pero a nosotros su presencia aquí no nos beneficia en nada", comentan en un bar de Vilaboa. El tema levanta ampollas. Nada más mentarlo, los tertulianos paran la partida de cartas para dejar patente sus quejas. Primero, porque no fueron advertidos por el ministerio y, segundo, porque "les usurpan territorio". Esto lo dice el presidente de la Comunidad de Montes de Vilaboa, Xabier Míguez, ex alcalde de la villa por el BNG. "Es una vergüenza para el Gobierno socialista", alega, porque se está aplicando "una ley del 75, firmada por Franco, preconstitucional". Un "anacronismo" que también critican los representantes municipales de Pontevedra y Vilaboa.

Los comuneros (en esta agrupación suman 380 socios) explican que "cuando se produce la afección de un suelo, la actuación tiene que someterse a información pública", de forma que los interesados puedan alegar. Sólo en el municipio de Vilaboa calculan que la superficie afectada es de unas 200 hectáreas. "A nosotros 15,4 nos las tiene usurpadas el Ejército". Han presentado una reclamación y están dispuestos a llegar a los tribunales. Los comuneros de Figueirido y Salcedo se declaran en términos semejantes. Desde la Brilat insisten que "ese suelo ya está calificado así desde los años 70", cuando todavía no era una base militar sino un campo de tiro. La publicación de la disposición en el BOE no supone más que una actualización, prosigue, "los ayuntamientos conocían esa realidad y dejaron que se construyera en una zona de seguridad".

"¡Los militares nos están invadiendo!", clama Marcial desde la oficina de su aserradero. "Tendrían que haberlo comunicado al vecindario pero hacen lo que quieren", se lamenta. "Tienen terreno acaparado sin haber consultado con nadie. Hace un tiempo cogieron una traída de agua. Protestamos, pero dicen que el agua la necesitan ellos así que los vecinos tuvieron que hacer sus propios pozos o buscar otras traídas".