La fiscal de violencia de género cuestiona el alejamiento forzoso de los maltratadores

Tres años después de la entrada en vigor de la ley contra la violencia machista el alejamiento obligatorio del agresor cuando ha sido condenado sigue revelándose como uno de los puntos de posible modificación. La fiscal para la violencia de género, Soledad Cazorla, criticó ayer que, en algunos casos, esta medida resulta "inoperante" y pidió que les concedan "un poco de margen" para que no siempre haya que recurrir a ello. "No estoy en contra de la medida, pero sí de que siempre sea obligatorio". De modo parecido se expresó la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid María Tardón, quien dijo haberse encontrado en varias ocasiones episodios esporádicos de violencia que luego se superan para los que sería más eficaz "emitir sentencias con ciertas condiciones que permitan a la pareja reanudar su convivencia".

Pero este asunto permanece atascado porque no se logra un acuerdo general. Altamira Gonzalo, la presidenta de la Fundación Themis, de mujeres juristas, no cree que sea el momento de rebajar la protección de las víctimas aun cuando ellas mismas consideren que están fuera de riesgo.

El alejamiento forzoso ha sido uno de los puntos centrales del debate generado durante dos días en Madrid en unas jornadas de reflexión organizadas por la Fundación Themis para analizar el funcionamiento de esta ley. Reflexiones se han escuchado muchas. En ellas, y de forma reiterada, sobre otro asunto polémico en los tribunales que juzgan las agresiones machistas: la dispensa a la que pueden acogerse las mujeres para no declarar contra su pareja a la que denunciaron días antes.

Cuando eso ocurre, el proceso pierde una prueba fundamental, que a veces es la única porque la agresión ha ocurrido en la intimidad, sin testigos. A Soledad Cazorla le resulta "incomprensible" que en estos delitos pueda utilizarse esta dispensa, porque la mujer es también la víctima. En este punto tampoco hay unanimidad.

Todas coincidieron, sin embargo, en que siguen faltando medios para aplicar esta ley. La fiscal afirmó que siguen teniendo "los mismos problemas jurídicos que tenían hace tres años" e insistió en la incidencia superior de esta violencia en la población inmigrante, la falta de formación de las distintas personas que intervienen en estos procesos y la necesidad de evaluar con precisión el riesgo que corre la víctima para protegerla adecuadamente. Gonzalo se empleó para desmontar la idea de que las mujeres presentan falsas denuncias. El 72% de las resoluciones han sido condenatorias y eso no significa que el resto fueran denuncias falsas, sino que no hubo suficientes pruebas.