Libertad provisional para la alcaldesa que organizó el falso soborno en San Fulgencio

Alicante / Orihuela - 31 oct 2008 - 00:00CET

La juez decretó ayer la libertad provisional para la alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, el edil socialista Juan Antonio Gamuz y José Antonio Ramos Calabria, abogado del Ayuntamiento, arrestados el miércoles por urdir un falso soborno a otro concejal de la corporación, el edil independiente Manuel Barrera. Por estos hechos, también fueron detenidos otros tres concejales a los que la magistrada interrogará hoy.

El falso cohecho está grabado en DVD. En la cinta se aprecia el momento en el que Barrera acepta una primera entrega de 5.000 euros de unos supuestos empresarios a cambio de impulsar un programa urbanístico en el municipio. Tras la difusión del DVD, la Unidad de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, arrestó a Barrera el pasado día 20. La juez acordó primero su encarcelación y 24 horas más tarde ordenó su libertad provisional por un delito de cohecho.

La declaración de Barrera desencadenó la segunda fase de la operación para desentrañar la falsa trama, que se materializó el miércoles con los arrestos de los cinco concejales y del letrado. Los empresarios eran en realidad detectives de una empresa (la agencia Ovi Equip, de Barcelona) pagada presuntamente con dinero municipal. A partir de aquí, también averiguaron que el contrato partía del Ayuntamiento de San Fulgencio a través de intermediarios.

Oficialmente no ha trascendido el delito concreto que la ha imputado a los arrestados por montar el soborno. Fuentes jurídicas han señalado que esos hechos se encuadran en un delito de malversación de caudales públicos, coacciones y contra la Administración de Justicia.

La regidora minimizó la imputación y subrayó que continuará en el cargo: "La acusación no es por ninguna trama urbanística", aseveró. Mientras, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, reiteró que es partidario de "actuar con contundencia" con los cargos que vulneren la ley.

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