La alcaldesa que urdió el soborno de San Fulgencio, en libertad con cargos

La juez acordó ayer la libertad provisional para la alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, el edil socialista Juan Antonio Gamuz y José Antonio Ramos Calabria, abogado del Ayuntamiento. Los tres fueron arrestados el miércoles por urdir un falso soborno a otro edil de la corporación y miembro del equipo de gobierno, el independiente Manuel Barrera. Por el montaje del soborno también fueron detenidos otros tres ediles a los que la magistrada, la titular del Juzgado número 3 de Orihuela, interrogará hoy.

Tras permanecer ayer durante más de cuatro horas en los juzgados de Orihuela, la alcaldesa, el edil y el letrado quedaron en libertad con cargos. Oficialmente no trascendió la imputación que recae sobre los tres responsables, pero fuentes jurídicas aseguran que los hechos por los que han sido arrestados se encuadran en los supuestos delitos de coacciones, malversación de caudales públicos y contra la Administración de Justicia.

Hoy declara ante la juez de guardia el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya

Los seis arrestos son la segunda fase de la operación policial y judicial para desentrañar el montaje de soborno a Barrera. Este fue detenido el pasado lunes, día 20, y puesto en libertad con cargos tras ser encarcelado, 24 horas más tarde. La policía comprobó que los supuestos empresarios eran dos detectives de la firma OVI Equip contratados por el Ayuntamiento de San Fulgencio para grabar en tan comprometida situación a Barrera.

Pese a la imputación, la alcaldesa de San Fulgencio defendió su inocencia a la salida de los juzgados y dejó clara su intención de seguir en el cargo. "No hemos cometido ningún delito", dijo. Martínez considera que puede "seguir al frente de la alcaldía" e insistió en que lo va a hacer. En la misma línea se pronunció Gamuz.

La gobernabilidad de San Fulgencio tras el escándalo fue cuestionada por José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP, que incluso ofreció a los socialistas la posibilidad de un gobierno de coalición. Por su parte, la subdelega del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, resaltó que la gobernabilidad del municipio "está garantizada".

Mientras, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, reiteró su intención de actuar con contundencia en estos casos. Alarte, en apenas un mes en el cargo, ha tenido que suspender ca

utelarmente de militancia a los alcaldes de San Fulgencio y Bigastro y a otros diez ediles.

Por otra parte, la Guardia Civil ha agotado el plazo máximo de detención (72 horas) para el alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, el secretario del Ayuntamiento, Antonio Saseta, y los empresarios Manuel Nortes y José Pérez Moya, detenidos el martes por irregularidad urbanística. Los arrestados pasan hoy a disposición judicial.