"Me pillaron confundido y firmé"

A Trinidad López se le quiebra la voz y los ojos se le llenan de lágrimas cada vez que se le recuerda el asunto. A sus 70 años, Trinidad se enfrenta a un posible desahucio, pues su hogar, una modesta casa en un corralón conocido como el Pasaje del Rosario en el barrio malagueño de El Palo, y los de otras 12 familias pueden ser derribados en breve para ser sustituidos por un bloque de apartamentos.

Trinidad, que cuida a su hermano discapacitado, lleva "toda la vida" en su vivienda, por la que paga, como el resto de vecinos, una renta antigua que ronda los 70 euros al mes, algo soportable para sus exiguas pensiones. Mientras la finca estaba en manos de su propietario original, las 13 familias que ocupan los números 37, 39 y 43 de la calle Salvador Allende vivían tranquilas. Existía un acuerdo verbal, además de los contratos de alquiler firmados en algunos casos hace más de 50 años, sobre su permanencia en estas casas, cuyos cuidados y reformas han asumido todos estos años en compensación al bajo alquiler. Pero la cosa cambió de golpe hace unas semanas.

La inmobiliaria da un mes de plazo para el desalojo de las viviendas

Los vecinos pagan una renta antigua que ronda los 70 euros

Un nuevo propietario, la constructora 2 Rafion Constructores, con sede en Madrid, les fue comunicando, vía burofax o mediante la visita de un abogado, sus nuevos planes para la finca. 3.000 euros y un mes de plazo para desalojar y dejar atrás toda una vida. Este periódico trató ayer de recabar la versión de los responsables de la constructora, pero no hubo respuesta alguna.

Ésa fue la oferta de los nuevos propietarios, una noticia que desde entonces los mantiene en estado de ansiedad. A sus 81 años, Juan Rodríguez ha recibido una sacudida que puede afectar su delicada salud. Atraviesa una depresión y hace poco sufrió un infarto. Este ex taxista tiene dos viviendas. La suya desde hace 45 años y desde que se murió su cuñada, la anexa. Dos pequeños dormitorios, una sala de estar y una minúscula cocina en los que se reparte su vida y que ahora teme perder sin tener adónde ir, ya que es viudo, su pensión es baja y no tiene hijos. "Nunca habíamos tenido problemas, ni con el propietario ni con la otra promotora que adquirió la finca. Es más, el propietario les encomendó antes de vender que cuidaran de nosotros, sus inquilinos", relata Juan, el único de los vecinos que firmó el acuerdo de 3.000 euros que le llevó en mano un abogado en nombre de los nuevos dueños. "Me pillaron confundido y firmé. Me dieron un mes para sacar los muebles", dice con el rostro desencajado. "Luego me enteré que a otro vecino le ofrecieron 10.000 euros, pero parece que la cosa está algo parada", añade.

Ante lo inminente del desahucio, estas 13 familias han puesto su caso en manos de abogados y en las del Defensor del Ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez, experimentado en acosos inmobiliarios tras intervenir en unos 120 en los últimos años. "En este caso concreto aún no se han dado las prácticas habituales de los llamados asustaviejas, como cortar el agua, la luz o cancelar la cuenta donde realizan sus pagos mensuales para acusarles después de impago", explica Gutiérrez, "pero sí creo que la fórmula empleada para que los vecinos dejen sus casas no es la más correcta", afirma el defensor, que se reúne hoy con los vecinos para acordar una posible salida común a este problema.