Los consejeros del PP piden revisar urgentemente la ley de Dependencia

Hace falta que el Estado aporte más dinero para la ley de la Dependencia, revisar de inmediato la aplicación de esta norma para "dar una mejor respuesta a los ciudadanos" que funcione y dar un empujón a su desarrollo en aspectos como lo que le corresponde pagar a los beneficiarios o los criterios de calidad que deben cumplir los centros.

Éstas son las principales exigencias que pusieron ayer sobre la mesa los consejeros de Bienestar Social de las comunidades autónomas gobernadas por el PP reunidos en Valencia. La tesis es que si la norma no funciona -como consideran muchas asociaciones de personas con discapacidad- es por culpa del Gobierno. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero replicó ayer mismo que en 2008 habrá destinado 871 millones de euros a la ley, "un 118% más que el año pasado", e indicó que ya ha puesto en marcha una comisión para evaluar su funcionamiento.

La falta de financiación "hace peligrar la aplicación de la ley", según Cotino

El Gobierno sostiene que en 2008 destina un 118% más de fondos que en 2007

El vicepresidente social de la Generalitat, Juan Cotino, ejerció de portavoz de sus compañeros de Canarias, Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia. Cotino acusó al Gobierno de no asumir su compromiso de cargar un tercio del coste de los cuidados que fija la ley. "Las familias y las comunidades autónomas soportan el 80% de los gastos y si tenemos que cubrir con recursos propios lo que no paga el Gobierno, no podemos destinar este dinero a otros fines". El PP sostiene que la financiación actual no sólo es insuficiente, por lo que "hace peligrar la aplicación real y eficaz de la ley", sino que "no garantiza la sostenibilidad del Sistema Nacional de Dependencia ni el acceso en igualdad a las prestaciones". Pero, además de ser escasa, acusaron al Gobierno de no asumir sus obligaciones. "No hemos recibido las cuantías comprometidas", indicaron. Y le reprocharon retirar 115 millones correspondientes a fondos de política social: "El Gobierno central ha dejado de financiar 71 millones de euros destinados a la atención de personas mayores y enfermos mentales del Plan Gerontológico, se han reducido 30 millones del programa de apoyo a las familias y atención a menores y ha desaparecido el Plan Estatal del Voluntariado".

Otra de las cíticas se refiere a la falta de desarrollo de dos aspectos clave de la ley. Por un lado el copago, la fórmula que debe establecer cuál debe ser la aportación de los beneficiarios. Por otro, la norma de acreditación de centros, destinada a regular los criterios de calidad de centros y servicios para que sean homogéneos en todas las autonomías. "Estas cuestiones siguen sin resolverse", apuntaron ayer los consejeros populares. Por todo ello, reclamaron adelantar la revisión prevista del funcionamiento de la ley de Dependencia y analizar su aplicación de forma inmediata "para mejorar el procedimiento y agilizar los trámites".

Cotino no quiso entrar en los malos datos de ejecución de la ley que presentan autonomías como la valenciana o la madrileña, gobernadas por el PP, respecto a algunos registros de otras comunidades como la andaluza: "Creo que el Gobierno debe aclarar dónde esta el fallo".