La Generalitat expulsa el valenciano

La Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), aprobada en 1983, establecía que la Generalitat debía garantizar el uso normal y oficial en la Administración de las dos lenguas oficiales. Sin embargo, sólo se exige un determinado grado de conocimiento del valenciano a 193 de los 15.669 empleados públicos, el 1,2% del total. Además, el grueso de personas con requisito lingüístico, hasta 77, se concentra en la Consejería de Educación. Y una decena de departamentos, incluyendo Turismo, no reclaman el dominio de la lengua a uno solo de sus funcionarios. Ésta es una de las aportaciones más novedosas del informe del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV) con motivo de los 25 años de funcionamiento de la LUEV y que se difundirá a través de una edición especial de la revista Allioli, presentada ayer.

Los escolarizados en valenciano han pasado del 10% al 26% en 13 años

El 94% de los alumnos en valenciano está en la escuela pública

Pese a reparar en el uso administrativo de la lengua, el estudio está focalizado en la "lenta" implantación del valenciano en la educación. Rosa Roig, una de sus coordinadoras, resalta que se ha avanzado "muy poco", y alerta que desde el curso 1995-96 el porcentaje de alumnos escolarizados en programas de enseñanza en valenciano ha pasado del 10% al 26%, resultados "irregulares e insatisfactorios". Junto al trazo general, el STEPV pone el acento en diversos "factores de distorsión", como el desequilibrio territorial: el 56% del alumnado en valenciano se concentra en la provincia de Castellón, frente al 15% en Alicante. O el negativo tránsito de primaria a secundaria, con un 31% de escolarización en el primero frente al 19% del segundo.

El estudio, además, constata la "desigual y peligrosa" distribución entre escuela pública y concertada: el 94% de los alumnos escolarizados en valenciano está en centros públicos y sólo el 6% en privados, lo que implica de facto "una doble red educativa". Preocupa especialmente el caso de Valencia "por su peso demográfico y su valor simbólico": sólo existe en primaria una oferta de valenciano del 19% del total de unidades, el 90% concentradas en la escuela pública.

El número especial de Allioli contiene opiniones de personas que han vivido de cerca el desarrollo de la ley, entre ellas el consejero de Educación que la promulgó, Ciprià Ciscar, quien acudió ayer a la presentación para apuntar que la intención del texto era conseguir "la igualdad real de las dos lenguas oficiales". Ciscar admitió que "la ley no ha sido desplegada en su totalidad ni ha cumplido sus objetivos por falta de voluntad política". El sociólogo Toni Mollà atribuyó esta circunstancia "a la misma inconsistencia de la ley", por "dejar fuera" aspectos importantes como los medios de comunicación y el ámbito socioeconómico.

El profesor de magisterio Vicent Miralles incidió en que "sólo las personas que han pasado por los programas de inmersión lingüística pueden presentarse ante la sociedad como bilingües", y lamentó el enfoque de la ley de uso frente al espíritu de normalización lingüística de Cataluña, el País Vasco, Galicia o Baleares. Una visión compartida por la inspectora educativa Tudi Torró, quien alertó: "Estamos en un punto de inflexión que hace totalmente imprescindible dar un nuevo impulso a la ley". La escritora Carme Miquel destacó "la voluntad del sector de la sociedad civil que ha apostado por la educación en valenciano" para restar conflictividad al tema.