Estepona revisará 30 convenios urbanísticos supeditados al PGOU

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) revisará unos 30 convenios urbanísticos firmados a cuenta de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de 1994, para adaptarlos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía Andaluza (LOUA), vigente desde 2005. El alcalde, David Valadez (PSOE) garantizó ayer que el dinero de los acuerdos firmados después de la aprobación de la LOUA está en caja. "Con los firmados anteriormente hay que ver cuál es su situación", dijo.

El trabajo, que han empezado los habilitados nacionales y los técnicos municipales, es un aperitivo de la intención del equipo de gobierno de paralizar la revisión del PGOU actual -que dirige el arquitecto Enrique Bardají- para adaptarlo al planeamiento vigente, a la LOUA, y después volver a retomarlo. La adaptación se prolongará unos cinco meses y estará sufragada por la Junta de Andalucía, aunque el regidor no hizo público las personas que conformarán el equipo de trabajo.

La delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona tiene a siete técnicos municipales implicados en el caso de corrupción urbanística Astapa. Uno de ellos, Javier Wittmeur, ingresó en prisión preventiva. El regidor encargó en verano a los servicios jurídicos que informaran sobre la situación laboral de estos trabajadores. Hasta ayer, todos continuaban en sus puestos.

"La situación de crisis en la que se encuentra toda la Costa del Sol, y especial Estepona, después de la operación Astapa hace que el municipio no pueda esperar otros tres años para contar con un nuevo planeamiento en el que se lleva trabajando mucho tiempo sin que ni siquiera se haya aprobado inicialmente", explicó Valadez en una conferencia de prensa en la que hizo balance de sus cien primeros días de gestión. "Se trata de dar seguridad jurídica a los inversores en un corto espacio de tiempo para poder seguir desarrollando los suelos disponibles con todas las garantías jurídicas", añadió.

El alcalde, responsable también de la delegación de Urbanismo, no precisó si contaba con el arquitecto Enrique Bardají para continuar la revisión del PGOU. En una tertulia de la cadena SER aseguró que se iba revisar el contrato de Bardají, para ver los conceptos por los que el Ayuntamiento le ha pagado en los últimos años.

El PP, en la oposición, se opuso ayer a la suspensión de la revisión del PGOU. "Los empresarios pueden tener derechos adquiridos, por lo que se podrían llegar a exigir al Ayuntamiento indemnizaciones millonarias", declaró su portavoz, Ignacio Mena, a Europa Press.