Un 'pirata' informático acepta seis meses de cárcel

Era conocido en las redes P2P (de intercambio de archivos gratuitos) como PPower y ha pasado a la historia como el primer crackes -pirata informático- en ser condenado por desbloquear un programa en España. Un juzgado penal de Pontevedra ha tenido menos trabajo de lo esperado, puesto que sólo ha certificado el acuerdo alcanzado entre las partes. Se trata de una sentencia de conformidad en la que no cabe recurso. Se salda con seis meses de prisión y una indemnización a la compañía Soft de 5.000 euros, por un delito contra la propiedad intelectual. Al acatar los hechos que se le imputaron y carecer de antecedentes no ingresará en prisión.

El fallo responsabiliza a R. A. G. de desproteger el programa Presto, desarrollado por Soft y especializado en la elaboración de presupuestos para proyectos de empresas constructoras, de forma que pudiera ser utilizado sin adquirir una licencia. El condenado a su vez distribuyó el programa informático en redes P2P para que todo el mundo pudiera descargárselo gratis. Un hecho que para la acusación es determinante: "La sentencia supone un paso importante en la protección de los derechos de propiedad intelectual de las compañías de software, y contribuye a frenar una práctica que hace peligrar la continuidad del sector", explica la abogada de la acusación.

Pero para David Bravo, letrado especializado en derecho informático y propiedad intelectual, el fallo "no tiene trascendencia jurídica porque las partes no han discutido. "La jueza simplemente lo supervisa y no hay análisis, no crea jurisprudencia. Además, se trata de un Tribunal menor", explica Bravo quien también considera que el canal de distribución no ha resultado determinante: "Que la difusión se hiciera a través de redes P2P es intrascendente. Si lo hubiera difundido por correo postal o con una paloma mensajera el resultado habría sido el mismo". La única apreciación que hace la jueza es que las redes P2P "posibilitan el intercambio masivo de ficheros informáticos, pudiendo alcanzar dicha distribución a millones de personas en un breve periodo de tiempo".

El hecho de que no se haya batallado en el juzgado hace dudar a Bravo sobre la resolución final de los acontecimientos: "No sé las razones por las que esta persona aceptó que era un delincuente". El abogado basa esta afirmación al tener en cuenta la Circular 1/2006 de la Fiscalía General, donde se afirma que para los casos de fabricación y difusión de cracks es necesario que haya ánimo de lucro para que exista delito.