PSOE y BNG impulsan la ley que permitirá expropiar pisos vacíos

El proyecto de Lei de Vivenda comenzó ayer su andadura parlamentaria gracias al apoyo de los socios de Gobierno, PSOE y BNG, que unieron sus votos para rechazar la enmienda de devolución del Grupo Popular. La nueva norma permitirá ejercer la expropiación forzosa de viviendas vacías y permitirá a los compradores consultar la solvencia económica, financiera y técnica de los promotores inmobiliarios, que deberán inscribirse en un registro especial. El PP alertó de los riesgos de las expropiaciones y opinó que la ley "nace caducada", en referencia al nuevo escenario del sector tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

En un pleno maratoniano en el que se tramitaron cinco proyectos legislativos -uno de ellos, el de residuos, aprobado definitivamente-, la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, consideró la nueva norma necesaria para combatir los factores que dificultan el acceso a la vivienda "de una parte muy significativa de los gallegos". Así, citó el incremento de precios, el limitado papel del alquiler, la disminución del volumen de vivienda protegida o la necesidad de rehabilitar centros históricos, para los que la "inadecuada" ley de 2003 resultó "insuficiente".

La consellería reivindica competencias plenas en la materia

La expropiación forzosa de una vivienda vacía se producirá "por incumplimiento de su función social", que parte de su consideración "como bien de uso, no de consumo", y se ejecutará "cuando no reúna las condiciones de habitabilidad y deje de ser apta para su uso como vivienda", aseguró la conselleira. El proyecto de ley establece el supuesto de "causa de interés social" para la expropiación, "cuando el edificio esté vacío o presente un deterioro grave", siempre que el propietario "desatienda la orden de ejecución de las obras de rehabilitación". Los pisos expropiados serán destinados a uso residencial, "preferentemente en régimen de alquiler para sectores desfavorecidos".

La ley recoge "mecanismos de lucha contra el acoso inmobiliario", explicó la conselleira, entre ellos el derecho de retorno, para evitar "que se presione al inquilino por la vía de dejar que el inmueble se deteriore". La conselleira reivindicó competencias exclusivas sobre vivienda para Galicia, aunque no llegó a leer esa parte del discurso por excederse con el tiempo.

Muchas de las críticas del PP se centraron en las expropiaciones. Su diputada Pilar Rojo advirtió que éstas "se harán a los particulares, no a los promotores", y se preguntó "cuál es el alcance de los deseos expropiatorios y hasta dónde piensa llegar" la Xunta en ese campo. El Grupo Popular consideró la ley "enmendada por el propio bipartito", en referencia a "informes" de las distintas consellerías y a la "invasión de competencias" de Política Territorial. Rojo recriminó a la conselleira que intentase incompatibilizar la figura del alcalde con la de promotor, pretensión a la que renunció tras "enmendarle" el proyecto el PSOE.

Teresa Táboas, por otra parte, presentó ante el pleno el Plan Sectorial de Suelo Residencial, remitido el pasado lunes para su publicación en el Diario Oficial de Galicia, y que pretende obtener con agilidad suelo residencial para vivienda protegida. El plan de Vivenda prevé 45.600 viviendas con algún tipo de protección entre 2009 y 2017, el 80% en los primeros cinco años. Las actuaciones previstas implican una inversión de 1.530 millones de euros.