Sobre la ejemplaridad

A un patriotismo de partido más vigoroso correspondería una mayor fatiga cívica y un desencanto más acentuado en la opinión pública. Podría establecerse así, a manera de hipótesis, una regla sociológica tan discutible como cualquier otra. Una regla que, sin embargo, encontraría en el comportamiento institucional del Partido Popular valenciano constantes argumentos probatorios. El cierre de filas y las unanimidades, escenificadas de nuevo en el reciente congreso regional, tienen sin duda una virtud reconstituyente para una formación acostumbrada a acorralar contra las cuerdas a sus adversarios. Llevadas al paroxismo, en cambio, tanta autocomplacencia y tanta autoafirmación degeneran en un régimen de lo más disolvente. Al menos en lo que se refiere a la moral pública.

Empieza un partido poniendo en duda las denuncias que afectan a sus militantes y cargos públicos, continúa justificando su defensa al amparo de una presunción de inocencia que nadie discute pero que poco tiene que ver con la exigible asunción de responsabilidades políticas y acaba convirtiendo en mártires a los corruptos, en víctimas a los delincuentes y en héroes a los condenados, siempre que las de tales personajes sean barrabasadas cometidas con los bienes públicos.

Cabe suponer, por ejemplo, que Francisco Camps y sus correligionarios saben cuánto le deben a Carlos Fabra para seguir negando, contra toda evidencia, la alarmante acumulación de nubarrones que se cierne sobre su dirigente castellonense (un señor, dicho sea de paso, capaz de manejar en cinco años 15 millones de euros a través de sus cuentas bancarias). Pero, aunque la cerrada defensa del cacique obedeciera a una pulsión de puro patriotismo partidista, pueden estar seguros el presidente y sus colaboradores de que, tarde o temprano, también habrán de pagar amargamente la factura de tanta irresponsabilidad.

Metidos en la vorágine de negar lo negativo y exagerar las bondades reales o supuestas de lo propio, no es de extrañar que el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, se permita calificar la de un ex alcalde de Vila-real condenado por prevaricación como "una gestión intachable" para justificar su permanencia en un cargo orgánico. En similares términos se pronunciaron no hace mucho el mismo Costa, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla y otros dirigentes cuando ingresó en prisión el ex consejero y ex alcalde Luis Fernando Cartagena.

En la ética civil, y en la política (que no tiene por qué ser esencialmente distinta; si acaso más exigente), el reverso de la ejemplaridad es la impunidad. En la conducta general del PP, ahora mismo, la única ejemplaridad la ha puesto el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, que ha relevado, sin que haya llegado a producirse tan sólo una denuncia, a un concejal de su partido por una facturación sospechosa de 187.000 euros desde empresas relacionadas con su familia. El acto de responsabilidad de ese alcalde llama más la atención dado el contraste con otros comportamientos que no ayudan precisamente a que los ciudadanos se miren con orgullo en el espejo de los políticos.