El Superior revoca el veto de Interior a una marcha de La Falange el 25-0

Los falangistas podrán manifestarse el próximo 25 de octubre en una plaza de Vitoria, el mismo día que el tripartito y Aralar han convocado un acto en la capital alavesa en favor del derecho a decidir de los vascos. El Tribunal Superior revocó ayer la prohibición de Interior de la marcha convocada por La Falange para las 13 horas de ese día bajo el lema "La unidad de España ni se vota ni se negocia". La manifestación había sido prohibida por la consejería de Interior invocando, entre otras razones, los incidentes que se registraron el 12 de octubre de 2007 en San Sebastián por radicales opuestos a La Falange. La Ertzaintza llevó a los falangistas hasta el aparcamiento de un centro comercial fuera de la capital ante la imposibilidad de manifestarse en el centro como pretendían. El Boulevard donostiarra estaba ocupado por radicales que, finalmente, desataron la violencia y obligaron a la policía a atajar los incidentes.

Interior alegó que "prácticamente todas las concentraciones que este tipo de grupos han intentado realizar" en Euskadi "han necesitado de un gran despliegue policial que no ha podido evitar sin embargo graves disturbios y daños a terceros". Y añadía que este grupo mantenía "actitudes provocadoras" en sus páginas de Internet y en sus declaraciones públicas "que sin duda buscan la reacción de grupos contrarios para que acudan a contramanifestarse y con ello encontrar el eco mediático que no tendrían de producirse la concentración sin ningún problema". Si se mantiene la convocatoria, recalcaban en sus alegaciones, Falange conseguiría "su objetivo final de generar enfrentamientos, tensión y desórdenes públicos".

Planteamiento policial

El tribunal argumenta en su sentencia, cuyo ponente es el magistrado Juan Luis Ibarra, que las dificultades para activar dispositivos policiales no pueden llevar a la negación del derecho de manifestación. "La limitación del ejercicio de un derecho fundamental fundada en una probable acción delictiva de terceros supone, de principio, un desfallecimiento del Estado de derecho difícil de aceptar", se afirma.

El antecedente del 12 de octubre "no indica una situación que pueda calificarse de imprevisible e inevitable afección a la seguridad ciudadana que no pueda verse neutralizada mediante un adecuado planteamiento de la actuación policial"."Los hechos descritos no acreditan una previsión de riesgo para la seguridad de las personas (....) que justifique el "sacrificio del derecho de reunión".