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El soterramiento de Vitoria logra el consenso técnico, pero sigue sin financiación

El soterramiento del ferrocarril en Vitoria, la mayor operación urbanística en la historia de la ciudad, sigue estancado a la espera de que las instituciones comprometidas en su financiación lleguen a un acuerdo. Ayer se reunieron en Madrid durante tres horas representantes técnicos del Ministerio de Fomento, la consejería de Transportes, la Diputación alavesa y el Ayuntamiento para dilucidar algunas dudas técnicas que había planteado el departamento que dirige Nuria López de Gereñu. Una vez conocido este acuerdo definitivo, el alcalde vitoriano, Patxi López, solicitó al resto de las instituciones una reunión para resolver la financiación.

El proyecto ya estaba definido desde febrero pasado, pero una solicitud de información planteada antes del verano por el Gobierno vasco ha retrasado más de medio año la confirmación del proyecto. Ayer quedó claro que la obra se realizará mediante el método constructivo mixto de pantallas y minas, con un presupuesto estimado en casi 475 millones de euros, y una duración de entre cuatro y cinco años.

Lazcoz pide al resto de instituciones una reunión sobre el pago de la obra

Las obras en pantalla, es decir a cielo abierto, se realizarán en aquellos tramos que no afecten a zonas habitadas. El soterramiento en núcleo urbano se ejecutará con rozadoras, maquinaria empleada en lo que se conoce como trabajo de mina. La tuneladora, más eficaz, se ha descartado definitivamente ya que suponía un incremento presupuestario de entre 80 y 150 millones de euros, pero apenas permite reducir el tiempo de obra.

El trazado discurrirá a lo largo de 6,8 kilómetros entre Salburua y Júndiz. El tren de viajeros y el de transportes transitarán en dos vías dobles independientes para cumplir todos los protocolos de seguridad del transporte de mercancías. La terminal en la estación intermodal de Arriaga contará con seis vías a 17 metros de profundidad.

El Gobierno central pagará el 51% del presupuesto: en principio, 138,5 millones procedentes de Fomento y otros 106 de las plusvalías que supondrá la urbanización del terreno liberado, 195.000 metros cuadrados. De los 230 millones restantes, el Ayuntamiento ya ha anunciado que está dispuesto a poner 63 millones, mientras que la Diputación estima que su aportación puede llegar a 30 millones.

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El Gobierno vasco se ha mostrado en todo momento reacio a cubrir los casi 140 millones restantes y va retrasando la decisión final, mientras se acercan las autonómicas de marzo. La consejera de Transportes, Nuria López de Gereñu, anunció en febrero que su participación no pasaría de 80 millones, pero no ha vuelto a tratar el asunto.

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