Inhabilitados cinco ex ediles del PSOE por tolerar obras ilegales en Cazorla

El ex alcalde socialista de La Iruela (Jaén), Antonio Castillo, más otros cuatro antiguos concejales del mismo partido de este municipio jiennense, Serafín Valerio, José Ramón Gil, José Luis Gómez y Martín Fabrega, aceptaron ayer una pena de seis meses de inhabilitación para cargo o empleo público por un delito de omisión de perseguir una infracción penal. Los ediles permitieron construcciones ilegales en la pedanía de Arroyo Frío, el principal núcleo turístico del interior del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Los hechos que ayer se vieron en el Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén tuvieron lugar, según la Fiscalía, entre los años 1995 a 2001 y ha sido, hasta ahora, la vista más importante por irregularidades urbanísticas en el mayor espacio protegido andaluz.

El juicio se resolvió por conformidad de las partes, al rebajar la Fiscalía su petición inicial de dos años de inhabilitación para los cinco antiguos ediles a los que, en todo caso, no les afectará de ningún modo la pena de inhabilitación puesto que ninguno de ellos pertenece ya a la corporación municipal ni ejerce un empleo en la Administración.

El ministerio público también retiró la acusación para el técnico Pablo Bautista Serrano, que ocupó el cargo de aparejador municipal hasta 2003, una decisión que indignó al ex alcalde: "Nosotros nos limitamos a seguir los pasos de los técnicos y en absoluto hicimos la vista gorda, y ahora este señor queda absuelto y nosotros pagamos el pato", manifestó, contrariado, Antonio Castillo. Su abogado, Ramón Porras, indicó que un Ayuntamiento con un solo policía local no puede vigilar todas las obras. Se da la circunstancia de que el técnico absuelto, según señaló la fiscalía, emitió un informe favorable para la concesión de la licencia de un hotel en Arroyo Frío, del que es titular junto a su esposa. Y las obras las hizo a través de una constructora de la que es administrador.

Según el escrito de acusación de la fiscalía, entre los años 1995 y 2001, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Iruela, de la que formaban parte los cinco condenados, permitió, "pese a tener conocimiento, la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas en su término municipal". El fiscal hace referencia a casos concretos que surgieron al amparo de esas supuestas irregularidades como una vivienda de dos plantas en suelo no urbano del parque natural o una urbanización con locales comerciales, apartamentos y viviendas unifamiliares en la que se excedieron en un 10% de lo que en realidad les correspondía. Todo ello se construyó sin que los acusados realizaran acción alguna para impedirlo, según denunció el ministerio público.