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Un barrio acumula centenares de pisos sin propietario legal en Granada

Más de 500 viviendas de la Zona Norte carecen de licencia de ocupación

500 viviendas sin licencia de primera ocupación; personas que no pueden demostrar que son propietarias de las viviendas que habitan; ventas irregulares de casas... Son algunas de las situaciones que ha destapado un plan de la Administración autonómica para regularizar y rehabilitar las 5.000 viviendas sociales de la Zona Norte de Granada, donde se concentran las barriadas más humildes de la ciudad (Almanjáyar, Cartuja y La Paz).

Muchos de los propietarios de las viviendas, en las que habitan aproximadamente 30.000 personas, carecen de escrituras o de cualquier documento que acredite la propiedad. Más de 500 casas ni siquiera tienen la licencia de primera ocupación que tenía que haber tramitado la administración.

Los vecinos temen ahora perder una propiedad adquirida según sus "propias normas".

El objetivo del plan es regularizar la situación sin que se origine un problema social, pero la impunidad que ha reinado durante años en la zona dificulta la tarea. Según el presidente de la asociación de vecinos de Almanjáyar, Ángel Rubio, "existen viviendas físicamente pero no jurídicamente".Junto a varios afectados, Ángel Rubio solicita a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) que "regule la situación pero teniendo en cuenta las singularidades del barrio".

El director de la oficina de EPSA en la Zona Norte, Enrique Cobo, asegura que la normalización tiene detrás largo trabajo de acuerdos con la mayoría de vecinos. "Pero lo acordado tienen que acatarlo todos y a algunos no les interesa". Contaba EPSA con "resistencia" en el momento culmen del proceso, pero es por parte de una "minoría", subraya. "El problema es que hay muchos otros que están de acuerdo con la actuación, pero no hablan".

Por ahora hay al menos seis expedientes de desahucio. Los motivos son diversos, pero el sentir entre los afectados es común: "Nos quieren echar a la calle". Motivos, según la Administración, no faltan. Han incumplido los criterios acordados a partir de un día cero desde el que se ha empezado a contar. Sin mirar atrás. "Quien no los respeta no podrá regularizar su situación". Es una decisión firme, agrega Cobo.

La primera actuación realizada afecta de momento a 528 viviendas en alquiler. En una mesa de la vivienda se estableció, de acuerdo con las comunidades de vecinos, que no se admitirían cesiones u otras acciones ilegales en las casas a partir del 1 de marzo de 2007. Además, para la regularización de esas casas tenían que habitarlas antes del 1 de enero de ese año y dedicarlas sólo al fin de vivienda habitual, y no a otras actividades. "Las órdenes de desahucio son para quienes no cumplen estos requisitos", asegura Cobo.

Una de las afectadas es Irene López, una joven de 21 años que vive con sus dos hijos de cuatro y un año y medio en una casa "que estaba vacía" cuando ella la ocupó, según alega, aunque no opina lo mismo la Junta, y de la que ahora tendrá que marcharse. No paga recibo de agua ni luz, tiene ambos suministros "enganchados" a otras casas porque "hay demasiados pagos atrasados". Es una práctica habitual. En su mismo bloque hay tramitándose dos expedientes más.

Es difícil saber por qué no lo reconocen si pagan en régimen de alquiler a los anteriores moradores. O incluso si han pagado por la supuesta compra del piso. El precio en el mercado negro puede alcanzar 48.000 euros.

"El problema es que aquí hay unas condiciones especiales, que EPSA tiene que respetar. No pueden llegar cortando cabezas", explica el presidente de la asociación de vecinos de Almanjáyar, que se ha puesto en contacto con unos abogados en Málaga para intentar escriturar los pisos a través de algún resquicio legal.

Los casos son tan singulares que una actuación individual de EPSA puede que no sea suficiente para lograr la rehabilitación integral. Hace varios años la administración entregó reformadas las viviendas de Molino Nuevo, también en Almanjáyar. En una de ellos vive Francisco Amador junto a su mujer y su hijo. "Nos dio la casa mi padre", dice. También tiene orden de desahucio.

"Necesitamos la casa, llevo aquí mucho tiempo viviendo y me pertenece una", explica. EPSA justifica su decisión en que hay que acceder a ellas en base a unos baremos. "No vale meterse a la fuerza". Son de alquiler y "se debe pagar algo simbólico por el fin al que están destinadas", indica una trabajadora social de la oficina de la zona norte.

Conforme la actuación avance se repetirán previsiblemente los mismos problemas. "Si no establecemos las normas de una vez, esto no acaba nunca, lo que ha pasado de aquí para atrás no puede cambiar", manifiesta Cobo. La plataforma social de la zona norte reclama un trabajo coordinado e integral. "El dinero no basta", aseguran sus responsables.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de octubre de 2008