Soluciones coordinadas

La evolución de los mercados bursátiles de la última semana es sólo el reflejo de las dos características básicas que definen la actual crisis financiera: la enorme importancia del sistema financiero en la economía mundial, y el carácter global de esta crisis. Si en un primer momento su origen estuvo asociado a la situación del mercado hipotecario y financiero estadounidense, la fuerte interrelación entre los distintos mercados ha provocado que su impacto se extienda al resto de economías. Muestra de ello es que el saldo vivo de contratos financieros que están garantizando riesgo de crédito en el mundo supone casi 10 veces el PIB mundial, y los activos y pasivos en el extranjero en las economías avanzadas son cinco veces su PIB.

Precisamente el carácter sistémico de la actual situación hace que poco importen los factores específicos que definen uno u otro mercado, requiriendo soluciones coordinadas e inequívocas, aunque su aplicación no tenga que realizarse con la misma intensidad en todos los casos. Nos encontramos ante una situación absolutamente excepcional, sin un claro referente histórico, lo que hace que su resolución sea compleja. Y, por si no fuera suficiente, la velocidad a la que se suceden los acontecimientos exige acelerar la toma de decisiones.

Son tres los ámbitos en los que los Gobiernos están aprobando medidas de intervención pública. En primer lugar, articulan medidas dirigidas a garantizar la liquidez en el sistema en su doble vertiente: generando confianza en la estabilidad de los depósitos bancarios, y articulando esquemas de inyección de liquidez, como el aprobado por el Gobierno de España esta semana. En segundo lugar, están las medidas para reducir el enorme apalancamiento del sistema, bien mediante la compra de activos por parte del sector público, con el objetivo de establecer un suelo en el valor de los activos, o bien recapitalizando las entidades financieras, lo que actualmente resulta impensable desde el sector privado y por ello resulta nuevamente necesaria la intervención pública, tal y como ha puesto de manifiesto la iniciativa británica. Obviamente, cualquiera de las dos medidas, deberá realizarse con las suficientes condiciones y garantías para evitar que se conviertan en una mera transferencia de fondos sin retorno. Ambas iniciativas pueden ser condiciones necesarias para lograr la estabilidad del sistema, pero, en algunos casos, no son suficientes. Incluso generando una mayor confianza y garantizando liquidez, es posible que el impacto no se transmita a los agentes económicos, en cuyo caso sólo queda canalizar directamente financiación a las empresas, como ha puesto de manifiesto también esta semana el plan de compra de pagarés anunciado por la Reserva Federal.

Finalmente, en el extremo, si el deterioro de la solvencia del sistema acabara afectando al sector público (como ya ha ocurrido en Islandia y, en menor medida, en el Estado de California), se podría aumentar el balance monetario de la economía, lo que permitiría corregir parcialmente el valor de los activos y así paliar el sobreendeudamiento existente. Esta última decisión es la que Japón no adoptó en su momento, pudiendo ser una de las causas de la parálisis deflacionista en la que lleva inmersa esta economía durante más de 15 años.

Las consecuencias que la crisis actual puede tener sobre el crecimiento económico mundial requieren, sin lugar a dudas, acciones excepcionales y coordinadas.

Ángel Berges y Alfonso García Mora son socios de Analistas Financieros Internacionales (AFI).