El Consell estrecha aún más sus lazos con la Iglesia al premiar a 3 cardenales

La relación entre la Iglesia católica y el Consell es cada vez más estrecha. Si el pasado 9 d'Octubre la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados recibía la Alta Distinción de la Generalitat, ayer el pleno del Ejecutivo valenciano distinguía a tres cardenales: Antonio Cañizares, cardenal primado de España y arzobispo de Toledo; Ricard María Carles, arzobispo emérito de Barcelona, y Agustín García-Gasco, recientemente nombrado hijo adoptivo de Valencia por el PP. Los tres, junto a la orden de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, recibirán la Placa de la Orden de Jaume I el próximo viernes. Este galardón se concede a "personas físicas o jurídicas que por sus méritos hayan destacado en los ámbitos cultural, profesional, económico, cívico o social".

"Cuando no hay dinero ni política, se lanzan leyes", resume un rector

"Reivindicamos el papel fundamental de los campus en la investigación"

El vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, destacó la "indiscutible contribución a la sociedad valenciana" de los premiados y el hecho de ser "tres personas valencianas que forman parte del cuerpo cardenalicio". Cañizares y García-Gasco se han distinguido, entre otras cosas, por su beligerancia contra la política del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

Junto a estos tres cardenales, el Pleno del Consell, reunido en Alicante, acordó conceder esta Placa también al sociólogo Eduardo Mira, coordinador del Año Jaume I, comisario de las exposiciones sobre Ausiàs March y los Borja e impulsor de la cabalgata histórica celebrada el pasado 9 d'Octubre; así como al catedrático de Historia del Arte, Felipe Garín, asesor del Consorcio de Museos, ex director del Museo del Prado y organizador de la exposición de Sorolla Visiones de España.

La lista de personas galardonadas por el Consell, ya bastante exhaustiva en el 9 d'Octubre, se extendió ayer a Eduardo Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y a Roger Brown, presidente de la Berklee College of Music, por su impulso a la Torre de la Música.

El pleno del ejecutivo nombró Embajador de la Comunidad Valenciana a Pedro Campos, 10 veces campeón del mundo de vela. El último embajador fue Jaume Matas, ex presidente de las Baleares, y muy cuestionado por los presuntos casos de corrupción de miembros de su gobierno.Las universidades valencianas son centros de investigación de primer orden. Se estima que entre un 65% y 75% de la investigación básica y aplicada que se realiza en la Comunidad Valencia proviene de los laboratorios y centros de investigación de los campus. Sin embargo, el pleno del Consell aprobó ayer, durante la reunión que celebró en Alicante, el proyecto de Ley de Coordinación del Sistema Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, más conocida como Ley de la Ciencia, sin atender las demandas que habían planteado los rectores de las universidades.

La Ley contempla importantes medidas que afectan al desarrollo de los Parques Científicos o al futuro Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, que incluirá un registro oficial de centros de investigación y de investigadores. Los rectores tenían un especial interés en participar activamente en este proyecto. Sin embargo, se han quedado como meros convidados de piedra.

Entre sus demandas planteaban que el presidente de turno de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (Ruvid) formara parte del Alto Consejo Consultivo en Investigación, que figura en los órganos de dirección de este plan. Sin embargo, esta petición fue rechazada.

"Reivindicamos el papel fundamental que todas las universidades tienen en investigación, y por eso deberían contar con nosotros", advirtió ayer Manuel Palomar, vicerrector en Alicante y presidente de turno de Ruvid. Los vicerrectores presentaron decenas de enmiendas y propuestas de mejora al anteproyecto de Ley Valenciana de la Ciencia y "tan sólo aceptaron una referente a cuestiones formales de ciencia básica y aplicada". Algunos rectores están especialmente molestos por el "caso omiso", y por la "desconfianza" que muestra el gobierno de Francisco Camps hacia los campus valencianos. Varios dirigentes universitarios consultados ayer mostraron su "inquietud" porque la nueva norma coordinará los parques científicos, que están impulsando las universidades. "Cuando no hay dinero ni política, se lanzan leyes", resumió gráficamente un rector.

La nueva Ley Valenciana de la Ciencia será clave para el diseño de un plan estratégico de ciencia y tecnología, para los próximos cinco años, y para cuyo seguimiento se constituirá una Conferencia General de Ciencia y Tecnología, de la que han quedado excluidas las universidades. De esta Conferencia formarán parte las consejerías implicadas, la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva y el Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación, dependiente de Presidencia de la Generalitat, y no habrá una presencia institucional o estable de las Universidades.

También se creará un registro de Institutos y Centros de Investigación y del personal investigador, que controlará la consejería "competente" en política científica, y por último, se constituirá la Matriz de Institutos Superiores de Investigación Cooperativa (MISIC). El vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, al ser preguntado sobre la marginación de las universidades en este proyecto intentó minimizar la cuestión y se limitó a declarar que las universidades "han colaborado y tienen un papel singular y determinante en la investigación", pero sin concretar los motivos por los que formalmente no figura ninguna Universidad en la Ley.

Los vicerrectores de Investigación participaron en la fase inicial del proyecto, pero sus demandas han sido desatendidas.

Rambla declaró que esta norma fijará un marco general para "la promoción, el sostenimiento y regulación de la actividad científica y el desarrollo tecnológico con criterios de excelencia, calidad y competitividad". La evaluación previa de la calidad y eficacia de los proyectos de investigación científica y la capacidad competitiva de los grupos de investigación será competencia de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva.