El fiscal afirma que el 'caso Estepona' afectará a "cientos de personas"

Tres meses despúes de destaparse el caso de corrupción municipal investigado en Estepona (Málaga) el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero asegura que todavía quedan por pasar por el juzgado "cientos de personas" entre testigos e imputados. La apreciación forma parte de un informe en el que la Fiscalía se opone por segunda vez a dejar en libertad al ex alcalde Antonio Barrientos, en prisión preventiva desde el 20 de junio. El fiscal responde a un escrito de apelación con el que los abogados del ex alcalde del PSOE pedían a la Audiencia Provincial que enmendase la negativa de la juez Isabel Conejo a excarcelar al regidor.

La defensa de Barrientos cree "un tanto ligera" la apreciación del fiscal

La instructora, titular del juzgado número 1 de Estepona, considera a Barrientos "máximo responsable" de la trama de corrupción investigada y destaca que el primer edil era el cabecilla de una red dedicada a "obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar "actividades tanto públicas como privadas" y para "enriquecerse personalmente".

"El fiscal viene a decir que la investigación está todavía en una fase muy inicial y que su puesta en libertad puede influir en todas las personas que todavía restan por pasar ante el juzgado", explica un letrado que ha tenido acceso al documento. La defensa del ex alcalde cree que el término "cientos de personas" se ha incluido de forma "un tanto ligera" e incide en que los dos fiscales que intervienen en el caso -Juan Carlos López Caballero y Valentín Bueno- han dado "sentidos distintos" a sus negativas a poner al ex alcalde en libertad.

Además de Barrientos, por este caso continúan en prisión preventiva el jefe de gabinete del ex alcalde José Flores, y los ediles de la formación posgilista PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina. Ambos eran socios de gobierno de Barrientos en la anterior legislatura.

Diversas fuentes consultadas coinciden en que todavía queda mucho por investigar en el llamado caso Astapa. El 26 de septiembre, la juez pidió al Ayuntamiento que les entregaran todos los expedientes por irregularides urbanísticas abiertos en los últimos cinco años y la semana que viene comienza una nueva ronda de declaraciones que elevará hasta 58 el número de implicados.

Entre los citados el próximo martes está Carlos Barrientos, cargo de confianza de Alcaldía y primo hermano del ex regidor; y el empresario local Aurelio Martín Simón, presidente de la empresa Costa Sol Hipermercados SL, que gestiona un hipermercado Carrefour en Estepona. Martín Simón presentó a finales de mayo junto con el representante de la empresa Azata y el ex alcalde el anteproyecto del macrocentro comercial La Lobilla. El convenio para la construcción de este centro comercial, con pretensiones de convertirse en "el más grande de España", se firmó el 5 de diciembre de 2005. La plusvalía que obtenía el Ayuntamiento era de 15 millones.

La tramitación se estaba realizando mediante un Plan Especial de interés general, fórmula que no sujeta el proyecto a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y que permite acelerar su puesta en funcionamiento. Ocuparía una superficie de 168.000 metros cuadrados y supondría una inversión de 300 millones.

El mismo martes también está previsto que declare Miguel Navarro García, coordinador de infraestructuras en la delegación de Urbanismo y empleado municipal; y Francisco Navarro de Hoyos, propietario de la empresa de Publiluna. Su compañía fue objetivo de una de las actuaciones más drásticas que acometió el departamento de disciplina urbanística en la época la que Rafael Duarte era concejal de Urbanismo. El edil, que renunció a su cargo tras ser imputado en el caso Astapa, ordenó suspender la instalación de más de 1.000 vallas publicitarias que la empresa estaba colocando sin licencia. Publiluna firmó un contrato con el edil de servicios José Ignacio Crespo -del Partido de Estepona (PES)- en la época en la que esta formación posgilista era socia de gobierno de Antonio Barrientos. Crespo, lo firmó sin publicidad ni acuerdo de los órganos competentes ni informes técnicos.