"Nos vemos en el Constitucional"

Por primera vez desde 2001, el pasado lunes se presentaba un Consejo General del Poder Judicial que no estaba presidido por Francisco José Hernando. A pesar de las críticas, el ambiente en la apertura del año judicial era de alivio, después de dos años de bloqueo en la renovación (tenía que haber cesado en 2006). Hernando, que desde su cargo ha hostigado al Gobierno socialista en sus principales iniciativas, asistió a la ceremonia. Al finalizar ésta, se acercó a Encarnación Roca, magistrada del Tribunal Supremo. Un alto cargo de la Justicia asegura que Hernando le dijo a la magistrada, en tono de complicidad: "Nos vemos en el Tribunal Constitucional". La mera posibilidad de que eso suceda bloquea ahora la renovación del Constitucional.

Roca ha sido propuesta por el Parlamento de Cataluña, a instancias del PSC, para ser magistrada del Tribunal Constitucional. Los corrillos parlamentarios le dan muchas papeletas. Hernando es uno de los dos únicos nombres que el PP ha propuesto en los parlamentos autónomos. En total hay 23 candidatos, y el Senado debe elegir sólo a cuatro. La candidatura de Hernando y la del ex portavoz del Consejo, Enrique López, provocan un rechazo sin paliativos en el PSOE.

Para que sean elegidos los cuatro nuevos magistrados, hacen falta los votos de PP y PSOE en el Senado. El PSOE asegura con la boca pequeña que no votará a estos dos nombres, y el PP no votaría a nadie si ellos no están. Aunque el PSOE aún no ha confirmado públicamente que los vetará en el Senado, fuentes del Gobierno aseguran que, salvo cambio de última hora, ésa es su posición. Afirman que la decisión de que ningún miembro del último Consejo del Poder Judicial fuera al Constitucional salió de una reunión del pasado mes de julio, de las llamadas de maitines, que se celebran los lunes por la mañana en La Moncloa.

El problema es que el PSOE pactó con el PP que no hubiera vetos a los nombres propuestos por ambos. Ese pacto se respetó escrupulosamente en la renovación del Consejo.

La revelación de que el nombramiento de Carlos Dívar como presidente del Consejo la pactaron Zapatero y Rajoy en secreto, y se ocultó incluso a sus negociadores, hace que los socialistas ya no se fíen del alcance del pacto por la justicia. Cada vez que, en privado, rechazan categóricamente a López y Hernando, añaden la coletilla de "a no ser que haya un pacto por las alturas".

Pero fuentes del Gobierno aseguran que, además de la trayectoria de estos dos jueces en los últimos seis años y de la ausencia de idoneidad, una de las causas sobrevenidas para argumentar ese rechazo es la participación de ambos magistrados en la leve sanción al juez Tirado por el llamado caso Mari Luz. Hernando y López encabezaron la mayoría del Consejo que sancionó con sólo 1.500 euros a Tirado, decisión que ha provocado alarma social. Si el caso, por recursos del juez, llegara al Constitucional, Hernando y López tendrían que ver dentro de unos años el recurso a su propia decisión.

Pero, además, ambos estarían atados para intervenir en multitud de casos sobre los que han fijado posición en el Consejo, con informes o con declaraciones públicas. En el último pleno del anterior Consejo, participaron activamente para anular la multa de 305 euros que la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces impuso el año pasado a la magistrada de Dénia Laura Alabau por criticar al Gobierno y a la Fiscalía de Alicante al sentirse "perseguida" tras negarse a celebrar bodas entre homosexuales.

El PSOE considera que en esa trayectoria de Hernando que le alejaría del Constitucional debe destacarse sus tres negativas a comparecer en el Congreso cuando fue requerido por la mayoría de la Cámara. Su imparcialidad quedaría afectada por sus decisiones contra el Gobierno de Zapatero que, en el caso de López, han tenido continuidad en artículos de prensa sobre cualquier asunto de actualidad. No se han privado de opinar sobre ningún tema polémico. Por ejemplo, López criticó abiertamente la actuación del Gobierno en el llamado proceso de paz. "No cabe duda de que la decisión de llevar la negociación con ETA al Parlamento Europeo no fue una de las mejores medidas", dijo en diciembre de 2007.

Los dos, que aspiran ahora a ser los máximos intérpretes de la Constitución, se han pronunciado abiertamente a favor de la cadena perpetua.