Un directivo de Riviera fue obligado a maquillar cifras

Riviera Coast, cuyos responsables fueron detenidos el 11 de septiembre en el aeropuerto de Alicante cuando huían dejando una deuda de 60 millones a más de 600 familias, no cayó víctima del desplome del mercado inmobiliario, sino que vendió humo durante años. La investigación que dirigen el juez Santiago Pedraz y el fiscal Ignacio Gordillo de la Audiencia Nacional acumula sobrados indicios de su voluntad de estafar.

La promotora vendió como propios terrenos que nunca compró

El ex director de gestión de Riviera Coast, Alfonso Derqui, ha confesado a la policía que alertó a sus superiores de que una promoción era inviable. Sus superiores le ordenaron que "retocara los números para que el proyecto resultara atractivo para los inversores, con independencia de la veracidad de las cifras". Así lo hizo. Disconforme con la política de la empresa, se plantó para emitir sus quejas en el despacho del dueño del grupo, Roch Tabarot, que le atendió debidamente: le insultó, le amenazó y le dio un cabezazo que le produjo lesiones.

La estafa evidencia la vulnerabilidad de su producto: venta de habitaciones para residencias de estudiantes o ancianos, cuyo alquiler se reservaba una década el promotor a cambio de dar al cliente el 6% de la renta. Al final del proceso, muchos compradores se quedaron sin cobrar el peaje pactado y descubrieron que no existía la vivienda comprometida o estaba hipotecada. De las 19.500 unidades (habitaciones) que proyectaban sólo construyeron 1.088 en Alicante. El precio por unidad era de unos 35.000 euros.

¿Cuántas vendieron? ¿Dónde fue el dinero de los inversores? No hay respuesta aún. En todo caso, en julio de 2007 Tabarot constituyó una firma denominada Riviera Coast Invest Patrimonio, valorada en 34 millones de euros. Un año después, quebraba, y dos meses después se hundía su matriz, Riviera Coast Gestión.

El dinero se esfumó. Las cuentas bancarias de dichas sociedades hoy muestran en su mayoría saldos deudores o con valor cero, o positivos con un máximo de 2.800 euros. Parecen más extractos bancarios de una humilde familia que de un imperio constructor. Su operativa, sin embargo, les permitió "ingresar una cantidad muy importante de efectivo y, por el contrario, habrían desembolsado un volumen muchísimo más reducido de dinero", según un informe policial.

El proyecto preveía la construcción en una docena de provincias. Pero la realidad fue muy otra. El análisis policial es implacable: "Tan sólo se construye en Alicante, y aún así, se deja sin pagar a diferentes proveedores, constructores; algunas fincas han sido transmitidas con cargas, se han extendido pagarés incobrables, se han entregado avales falsos". La conclusión de los investigadores apunta hacia una clara vocación delictiva: "No se alcanza a comprender qué circunstancias han provocado la quiebra si no es desde la óptica de una maniobra defraudatoria".

La policía denuncia el vacío legal que ha posibilitado este fraude: "Cabe plantearse si un producto de estas características puede ser ofrecido por una mera inmobiliaria o promotora, y escapar al control y supervisión del Banco de España". La mecánica de pagos era la siguiente: primero una señal, luego una cantidad a la firma de un contrato privado hasta completar el 50%, y el resto, al elevarlo a público. Esta última fase sólo se culminó en Alicante. La casuística de las cuatro provincias más afectadas por la estafa se desgrana así. En Alicante (1.166 unidades), único punto donde se llegó a construir, algunos inversores dejaron de percibir el alquiler o nunca lo hicieron; o se encontraron con hipotecas que debían estar canceladas; otros, al no llegar a escriturar, se han quedado colgados de un piso embargado a nombre de Riviera. Y, paradójicamente, estos clientes son los privilegiados de los estafados. Algo podrían salvar del naufragio. Peor es la situación del resto: compraron meros planos.

En Murcia (unas 1.000 unidades) vendieron sobre plano la totalidad de una promoción. Riviera Coast aseguraba vender fincas de su propiedad tras haberlas comprado a la empresa Jemeca. Falso. El registro indicaba que seguían siendo propiedad de Jemeca. Nunca compró terreno alguno. A la estafa se unía la falsedad documental. En Granada preveían 2.000 unidades. Vendieron una serie de habitaciones sobre plano. Aquí Riviera sí llegó a adquirir unos terrenos, pero los compradores no llegaron a disfrutarlos. El solar fue dado en pago a una sociedad alicantina, GTM. Los clientes se quedaron sin habitación y sin compensación. Y en Málaga publicitaron 500 unidades. Nuevamente, vendieron habitaciones sobre plano que nunca ejecutarían.