La juez del 'caso Estepona' requisa todos los expedientes urbanísticos

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) entregó ayer al juzgado que investiga el caso de corrupción Astapa todos los expedientes por irregularidades urbanísticas abiertos en la ciudad en los últimos cinco años. La entrega paraliza la tramitación de los expedientes y pone en riesgo de prescripción los casos abiertos en 2003, ya que a los cuatro años de cometerse la irregularidad ya no se pueden aplicar sanciones. "Lo único que podemos hacer es prestar nuestra colaboración total y absoluta y esperar", dijo ayer el alcalde David Valadez (PSOE), que también ejerce como responsable de Urbanismo.

El regidor informó ayer por la mañana al responsable de Disciplina Urbanística de la existencia de un oficio judicial en el que se solicitaba esta documentación y le pidió que dispusiera todo lo necesario para darle cumplimiento. Los empleados municipales tardaron aproximadamente una hora en vaciar estanterías y clasificar carpetas. Poco a poco, fueron llenando una veintena de cajas que cargaron en una furgoneta municipal y trasladaron a los juzgados.

Los documentos, trasladados en un furgón, ocupan una veintena de cajas

"Los expedientes parten desde el 20 de enero de 2003, época en la que entró en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)", señalaron fuentes de Urbanismo. "Se ha recogido información a lo bruto", añadían otras fuentes, próximas a la delegación. "Casi todos están vivos y su retirada creará problemas en el trabajo cotidiano porque los afectados no podrán consultarlos y obviamente no seguirán tramitándose", añadían. Los expedientes caducan al año, aunque pueden reabrirse. Las infracciones prescriben a los cuatro años, fecha a partir de la que no se pueden imponer sanciones.

Disciplina Urbanística es una de las tres secciones de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona. Tiene unos ocho trabajadores asignados (dos de ellos policías locales) y hace aproximadamente un año acumulaba unos 1.500 expedientes por irregularidades urbanísticas pendientes de resolución. De ellos, unos 300 eran por casas diseminadas levantadas en suelo rústico.

Una de las actuaciones más drásticas que acometió el departamento de disciplina urbanística en la época la que Rafael Duarte era concejal de Urbanismo -renunció a su cargo tras ser imputado en el caso Astapa- fue la suspensión de los trabajos de instalación de más de 1.000 vallas publicitarias que la empresa Publiluna estaba colocando sin licencia.

La empresa firmó un contrato con el edil de servicios José Ignacio Crespo -del Partido de Estepona (PES)- en la época en la que esta formación posgilista era socia de gobierno de Antonio Barrientos, en prisión preventiva. Crespo, que también está en la carcel por la trama de corrupción, lo firmó sin publicidad ni acuerdo de los órganos competentes ni informes técnicos.

Las otras secciones de la delegación esteponera de Urbanismo son Gestión y Planificación del Territorio, donde se guardaban los convenios urbanísticos, y Administración, cuyos ordenadores ya fueron examinados por la Policía en el primer registro, el pasado junio.

En las últimas semanas, el caso Astapa se ha reactivado con la citación de 17 nuevos implicados entre los que hay abogados, ex concejales y empresarios, y la retirada de más documentación de otras dependencias municipales.

El caso saltó a a luz hace tres meses. La juez considera al ex alcalde Antonio Barrientos, expulsado del PSOE, "máximo responsable" de una trama creada para "obtener fondos de promotores y empresarios" que se utilizaban "para financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición (PSOE y PES) así como para enriquecerse". Hasta ahora hay 41 imputados -cuatro siguen en prisión- y la fianza más alta llega a 500.000 euros.