Trágala o provocación

El empeño del Partido Popular en promover al presidente y al portavoz del anterior Consejo del Poder Judicial, Francisco Hernando y Enrique López, respectivamente, a magistrados del Tribunal Constitucional amenaza con dejar en nada el acuerdo alcanzado con los socialistas para desbloquear su renovación parcial -los cuatro magistrados del cupo del Senado-, pendiente desde diciembre. No sólo eso: ensombrece el clima de entendimiento institucional entre los dos grandes partidos, abierto tras las últimas elecciones, especialmente visible estos días en relación con la política antiterrorista.

Los socialistas consideran la propuesta poco menos que una provocación, dada la actuación militante de Hernando y López contra iniciativas legislativas del Gobierno de Zapatero en la anterior legislatura. Empeño que se manifiesta en las maniobras de la dirección del PP para que sus grupos parlamentarios en las comunidades autónomas propongan de manera concertada a Hernando y López, de modo que el Senado no tenga donde escoger y se vea en la tesitura de aceptarlos.

La dirección del PP está haciendo un uso fraudulento de la reforma legal que faculta a los Parlamentos autónomos a presentar hasta dos candidatos cada uno para la elección del cupo de magistrados del Constitucional correspondiente al Senado. Y lo hace al reducir la multiplicidad de candidatos posible a sólo dos, imponiendo una extraña disciplina parlamentaria a sus diputados autonómicos. No sólo se vulnera con ello el espíritu de la ley que justamente intentaba favorecer la participación en el proceso de las entidades territoriales en cuanto tales, sino que se interfiere en la autonomía de los Parlamentos autónomos, llevando hasta el límite y a toque de corneta el poder central del partido.

Habría que preguntarse si el PP no dispone de candidatos menos marcados que Hernando y López para acceder al Constitucional. Y no sólo por sus tomas de posición extemporáneas a veces y beligerantes siempre sobre cuestiones como el Estatuto catalán, el matrimonio homosexual y la memoria histórica, o por haber propiciado antes de dejar sus cargos la impunidad de una juez -la titular del Registro Civil de Denia- que se niega a inscribir matrimonios homosexuales. Es sobre todo la cualificación jurídica exigible a los magistrados del Constitucional lo que obliga a plantear si el PP no cuenta con candidatos más idóneos. Hernando y López son magistrados, el primero desde 1986 y el segundo desde 1989, con más de 15 años de ejercicio. Pero sus títulos y trayectoria profesional hacen dudar que alcancen la "reconocida competencia" y el grado de especialización jurídica exigible a los miembros del Constitucional.

Tanto empeño, a sabiendas del carácter provocador de la propuesta, hace pensar si no estará el PP atado por algún compromiso con quienes actuaron como su punta de lanza: el de pagar con este nombramiento los servicios prestados.