El PSOE lleva al juzgado los dos contratos al concejal de Marbella

Los tribunales tendrán que decidir si el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) hizo bien adjudicando dos contratos de suministro a la empresa Materiales de Construcción La Juanita, SL, de la que es socio al 50% Antonio Espada, uno de los concejales del equipo de gobierno del PP. La agrupación socialista impugnará esta decisión al creer que "incumple claramente" la nueva normativa sobre contratos del sector público.

El PSOE marbellí, en la oposición, piensa interponer un recurso contencioso administrativo pidiendo que se dejen sin efecto esas adjudicaciones, hechas en dos juntas de gobierno el 3 de junio y el 12 de agosto. La primera adjudicación, de 190.000 euros, vino avalada por un informe genérico del interventor municipal redactado un año antes y que no contemplaba la nueva Ley de Contratos del Sector Público, ya que ésta no entró en vigor hasta el pasado 30 de abril. La segunda, de 40.000 euros, se otorgó mediante un concurso cerrado al que la empresa del edil fue invitada a concurrir.

Hace dos semanas, la agrupación socialista solicitó al equipo de gobierno un informe específico sobre la situación de Espada como contratista. Todavía no han obtenido respuesta.

No más concursos

La alcaldesa Ángeles Muñoz defiende que las contrataciones se han hecho conforme a la ley. Aun así, el Consistorio ha pedido públicamente a la empresa La Juanita, SL, que no vuelva a presentarse a más concursos públicos. También solicitó al interventor municipal que actualizara el informe sobre compatibilidad para contratar de cargos electos y familiares utilizado en la adjudicación a Espada.

Según el equipo de gobierno, el secretario y el viceinterventor llegaron a la misma conclusión, pero en el párrafo final del informe se incidía en que se consideraría incompatible si el edil fuese administrador de la empresa o apoderado, cargo que tiene Espada en su empresa. El Consistorio afirma que el término "apoderado" se incluyó "por error", lo que se subsanó con una nota al pie del informe.

La nueva normativa prohíbe contratar con el sector público a "las personas jurídicas (empresas) en cuyo capital participen" en cuantía superior a un 10% "el personal y los altos cargos de cualquier administración pública, así como los cargos electos".