El 'caso Pallerols', a punto de ir a juicio tras nueve años de investigación

Nueve años después de que se iniciara la investigación y tras un sinfín de incidentes procesales, el caso Pallerols está a un paso de ir a juicio. El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha dado por concluida la investigación sobre la supuesta financiación irregular de Unió Democràtica con fondos del Departamento de Trabajo de la Generalitat y considera que existen indicios para acusar a siete personas por fraude de subvenciones públicas, malversación de caudales, tráfico de influencias, falsedad documental y receptación.

El auto explica que el 10% del dinero público sirvió para financiar a Unió

En un auto notificado ayer, la magistrada Silvia López Mejía solicita del fiscal que presente escrito de acusación contra los imputados o bien que reclame el archivo de la causa para que ella pueda adoptar una decisión definitiva. La fiscalía ya ha anunciado que acusará, por lo que, en cuanto lo haga, la juez abrirá juicio oral y el caso se remitirá a la Audiencia de Barcelona para celebrar la vista. De esta manera, se sentarán en el banquillo de los acusados Fidel Pallerols Montoya y su esposa, María de la Cruz Guerrero, máximo responsable y administradora, respectivamente, del grupo de empresas CEI, que impartían cursos de formación para parados.

Entre 1994 y 1999 estas academias recibieron 1.473 millones de pesetas (8,85 millones de euros) de Trabajo para realizar 376 cursos cofinanciados por el Fondo Social Europeo. El 10% de esas cantidades se empleó para lograr la "financiación ilegal" de Unió, dice la juez, después de que Pallerols contactara con Vicenç Gavaldà, entonces secretario de organización de UDC, para reintegrar ese porcentaje al partido.

La juez también explica que "diferentes cargos y militantes" de Unió se incluyeron en la nómina de las academias de Pallerols y añade que en el fraude también participaron el director general de Ocupación del Departamento de Trabajo, Lluís Gavaldà, hermano del anterior, y la subdirectora Dolors Llorens, actuando de forma "injustificada y arbitraria" en el reparto de las subvenciones para beneficiar al grupo Pallerols.

Todos ellos eran, además, militantes de UDC. El partido declinó ayer realizar cualquier comentario sobre la decisión judicial. En el supuesto fraude también participó Jaime Pallerols, hermano de Fidel, que, según la juez, aprovechó su trabajo como informático en el Servicio Catalán de Ocupación para justificar la asistencia a los cursos de los alumnos sin que en realidad se produjera, o bajas de otras personas que no existieron. El séptimo acusado es Santiago Vallbé, quien estuvo recibiendo 500.000 pesetas mensuales (unos 3.000 euros) de las academias de Pallerols. Esos pagos se inscribieron en los libros contables como "gastos efectuados por UDC".