La privatización del Canal reabre la guerra de Aguirre y Gallardón

Parecía que las guerras entre ellos dos eran ya cosa del pasado. Que tras jurarle amor y apoyo para el congreso regional del PP que comienza hoy, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, iba a renunciar a la batalla con la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Daba la impresión de que con haber salido vencedor del congreso nacional de junio, en el que Aguirre quedó fuera de la cúpula del partido, el alcalde estaba satisfecho.

"Está por ver si la privatización sigue adelante", afirma el edil de Hacienda

Pero ayer, un día antes de la puesta de largo del segundo mandato de Aguirre como presidenta del PP, Gallardón le reventó su anuncio estrella del debate del estado de la región: la futura privatización del 49% de la empresa pública de aguas, el Canal de Isabel II. Vuelven los líos.

El alcalde de Madrid anunció en el Palacio de Telecomunicaciones de Cibeles que, cuando Aguirre privatice la empresa pública de aguas, rescindirá el convenio que suscribieron el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento en 2005. Entonces, Gallardón cedió la gestión de los servicios de saneamiento por un importe de 920 millones de euros durante los próximos 31 años. Y no lo hará porque él quiera, dijo, sino porque es "ilegal".

Al otro lado de la calle de Alcalá, en la sede del Gobierno regional de la Puerta del Sol, el vicepresidente Ignacio González, que también preside el Canal de Isabel II, ignoraba sus intenciones. En esos momentos, tras desayunarse con el anuncio, publicado en EL PAÍS, del secretario general del PSM, Tomás Gómez, de que los 34 municipios gobernados por los socialistas romperían sus convenios con el Canal para boicotear la privatización, él aseguraba que no era más que una "pataleta política". Y llamaba "demagogos" a los alcaldes de ciudades como Alcorcón, Aranjuez, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Parla.

El argumento jurídico que manejan tanto los socialistas como el alcalde es que si el Canal cambia su personalidad jurídica, por la entrada de capital privado en la empresa pública, eso es causa, según la Ley de Contratación del Sector Público (artículos 1 a 3), para rescindir los convenios firmados con la empresa pública.

Además, las administraciones están obligadas a convocar concursos para contratar empresas privadas y, sólo por eso, los ayuntamientos deberían modificar sus convenios.

"Cuando el Canal deje de ser ente público, da igual el porcentaje, no podremos mantener el convenio, sería ilegal", justificó Gallardón. El alcalde de Madrid, que en 1996 afirmó que el PP nunca privatizaría el Canal de Isabel II, aseguró ayer que si no lo hizo entonces no fue "por razones ideológicas, sino porque no había motivos"."Esa circunstancia [la ruptura de los contratos] no se va a producir, porque los ayuntamientos saben que el servicio está garantizado", repetía una y otra vez González, que todavía ignoraba el anuncio de Gallardón. Hasta el punto de que retó a este periódico a mostrar dónde decía en los convenios que la salida a Bolsa del Canal podría dar la opción de rescindirlos.

La respuesta está en las cláusulas número 26 del convenio de saneamiento y la 16 del de abastecimiento, que suscribieron el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II, para que este último recibiera la red de alcantarillado de la capital, de 4.000 kilómetros. Las arcas municipales obtuvieron 920 millones de euros.

En dichas cláusulas se especifica que si el Canal pierde "la condición de empresa pública" será necesaria la autorización del Ayuntamiento para seguir adelante. De lo contrario, "se considerarán tales acciones como causa anticipada de finalización de convenio".

No ocurre igual en los convenios firmados por los municipios socialistas, que no mencionan expresamente esa cláusula de rescisión, según explicó Wilfredo Jurado, autor del informe jurídico que esta mañana recibirá la Ejecutiva regional socialista. Esa diferencia sólo implica que el Ayuntamiento de Madrid tendrá menos dificultades en rescindir sus convenios.

"Esa circunstancia [la ruptura de los contratos] no se va a producir, porque los ayuntamientos saben que el servicio está garantizado", repetía una y otra vez González, que tachaba a los socialistas de "demagogos" y les animaba a explicar cómo iban a funcionar sin el Canal. "O suben los impuestos o suben la factura", auguraba.

Entonces llegó la noticia de que Gallardón también lo haría. En un principio, el vicepresidente no se lo creyó. "Me extraña que el alcalde lo haya dicho en esos términos", afirmó. "Está en su derecho de defender lo que considere que es bueno para la gestión de su Ayuntamiento, y nosotros, de la Comunidad". Y le quitó hierro: "No pasa nada".

Pero se fue calentando. Se negó a comentar la situación sin conocer las declaraciones, pero recordó que Gallardón ya ha recibido 920 millones por el convenio. "Si lo ha planteado, irá por delante con el dinero para devolverlo", zanjó.

En el Ayuntamiento ya pensaban en nuevas fórmulas para hacer frente a ese pago. "Esa cantidad podría asumirla el licitador", explicó el concejal de Hacienda, Juan Bravo, que era pesimista sobre el proyecto de Aguirre. "Se abre un escenario nuevo. Pero está por ver si la operación sigue adelante. Si sigue, es una operación frustrada. Nadie va a entrar, porque no hay nada que vender", insistía.

Nadie en el Gobierno regional dio muestras de que la privatización del Canal fuera a dar marcha atrás. El propio González explicó que la salida a Bolsa no se hará antes de año y medio, porque antes se debe hacer una valoración de la empresa. "Lo haremos con el asesoramiento que corresponda, con toda la transparencia pública", prometió. Pero el proyecto ya está tocado. Y en los pasillos del congreso regional los delegados tendrán hoy tema de conversación.