El juicio del 'caso Saqueo' peligra tras la renuncia del abogado de Roca
El letrado deja la defensa a una semana de que empiece el juicio en la Audiencia
El abogado José Aníbal Álvarez ha renunciado a llevar la defensa del ex asesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca en el caso Saqueo, lo que provocará casi inevitablemente la suspensión del juicio que la Audiencia Nacional iba a celebrar en poco menos de una semana.
Después de muchas dilaciones, y varios instructores, la vista de este caso, que comenzó a investigarse en 2002, está fijada para el 25 de septiembre.
José Aníbal Álvarez alega que el cerebro de la Malaya no le paga
La renuncia días antes del juicio es habitual en casos de crimen organizado
La razón que alega el letrado para dejar a Roca sin defensa es que el ex asesor marbellí "no paga" las minutas desde hace meses. Sin embargo, Álvarez ha renunciado únicamente a este caso y "de momento" continúa al frente de la defensa de Roca en el famoso caso Malaya, y en otras 40 causas judiciales del supuesto cerebro de la corrupción municipal marbellí.
Diversas fuentes judiciales consultadas ven en la renuncia del letrado una maniobra de dilación "típica en las causas de crimen organizado y tráfico de drogas". Con ella, Roca buscaría impedir que se celebre el juicio y así ganar tiempo.
La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene que estudiar ahora si admite la renuncia de la defensa o si la rechaza porque pueda suponer un retraso en el procedimiento. "La no aceptación sólo se da en los casos en los que hay evidente mala fe, algo que es bastante difícil de demostrar", señalan fuentes judiciales. "Lo más probable -añaden- es que la renuncia sea admitida y que el nuevo letrado que Roca designe pida un tiempo para estudiar el caso y poder preparar un juicio tan complicado".
La defensa de Roca llevaba tiempo quejándose del supuesto impago. Las continuas citaciones judiciales del ex asesor de urbanismo llevan aparejadas numerosos viajes a Marbella, Málaga, Madrid, Granada o Murcia, entre otras provincias, con sus correspondientes dietas. Una de las abogadas del equipo de Álvarez, con despacho en Madrid, había fijado su residencia en Marbella. Los viajes de esta letrada a la cárcel granadina de Albolote para estudiar al detalle las últimas comparecencias de los 85 procesados del caso Malaya fueron muy frecuentes.
Fuentes jurídicas ven "casi imposible" que Álvarez lleve "meses" sin cobrar un trabajo tan importante, algo que seguían manteniendo ayer fuentes de la defensa. Sí barajan que el letrado "se haya peleado" con su cliente en los últimos meses. Este periódico intentó contactar sin éxito con Álvarez en cuatro ocasiones.
Según fuentes cercanas al letrado, Álvarez ha intentado en varios momentos cobrar sus honorarios a través del administrador judicial que gestiona los bienes del ex asesor de urbanismo tras su detención por el caso Malaya. Sin embargo, el magistrado Óscar Pérez, titular del juzgado número 5 de Marbella, no ha dado su visto bueno.
El caso Saqueo sacó a Roca de su estudiado anonimato hace seis años. El ex asesor, considerado artífice del polémico urbanismo marbellí, fue detenido junto al fallecido alcalde Jesús Gil y Gil y otros cinco colaboradores, acusados de desviar 36 millones de euros del Ayuntamiento marbellí a través de las sociedades municipales constituidas tras la llegada de Jesús Gil a la alcaldía, en 1991.
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP) calificó de "sospechosa" la renuncia de Álvarez y se mostró preocupada por la posibilidad de que se suspenda el juicio en el que el municipio tratará de recuperar, vía responsabilidad civil, esos 36 millones esquilmados a las arcas municipales entre 1991 y 1995.
El ex asesor de urbanismo, acusado de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, se enfrenta a una petición fiscal de 10 años de cárcel. A finales de abril, Roca tuvo que volver a prisión preventiva tras diez días en libertad bajo fianza para garantizar su presencia en este juicio.
El 'caso Malaya' se podrá meter en el bolsillo
Cualquiera de los 100 abogados del caso Malaya podrá llevar su inabarcable sumario en un lápiz de memoria que cabe en el bolsillo. Además de eliminar los problemas de espacio, la digitalización de las diligencias supondrá un ahorro considerable en fotocopias, según explicó ayer la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo.
El sumario de la trama de corrupción que provocó la disolución del Consistorio marbellí hace más de dos años es el segundo caso que se ha digitalizado en España. El primero se preparó para el juicio de la matanza terrorista del 11-M. El paso al formato digital va acompañado de un programa informático que permite hacer búsquedas por palabras en los documentos. "Supondrá una rapidez, agilidad y eficacia tanto para instructores como para intervinientes", explicó Naranjo.
La consejera explicó que ya se han digitalizado 150.000 folios de la primera fase, que han pasado de llenar tres armarios de gran capacidad a poder transportarse fácilmente almacenados en un lápiz de memoria. Los técnicos trabajan ahora en una segunda fase que Naranjo cuantificó en 300.000 páginas, casi todas de declaraciones, transcripciones de conversaciones y piezas de convicción (documentos originales de los acusados) incautados todo el proceso. Los folios están escaneados a una resolución que permite que se aprecien todo tipo de detalles, como anotaciones al margen de los documentos aunque estén escritas a lápiz.
El trabajo costará unos 25.000 euros a lo que habría que sumar los 6.000 euros del precio de las copias para las partes. La suma, 31.000 euros, supondrá un ahorro considerable si se la compara con los 300.000 euros que la consejera estimó que costaría hacer las copias a papel.
La digitalización se ha hecho siguiendo los criterios del juez Óscar Pérez, instructor del caso, y sin que los documentos salgan "en ningún momento" del juzgado número 5 de Marbella,encargado de su custodia.
Cuando el instructor lo decida, se harán las copias para las partes del caso. La consejera también anunció que el macrojuicio, en el que hay 86 procesados y que presumiblemente durará meses, se celebrará finalmente en la Ciudad de la Justicia de Málaga, aunque todavía no han escogido un lugar adecuado "que no altere el funcionamiento normal de las instalaciones".
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