El concejal de Marbella logró otro contrato en un concurso restringido

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga), gobernado por el PP, adjudicó el pasado 12 de agosto otro contrato de suministro de material de a la empresa Materiales de Construcción La Juanita, SL, propiedad al 50% de Antonio Espada, concejal de Medio Ambiente y miembro del equipo de gobierno.

La concesión era para suministrar material de fundición al Consistorio, servicio por el que el la empresa recibiría un total de 40.000 euros. Se trata de la segunda adjudicación que se concede a la empresa de este edil. En junio se contrató el suministro de material de construcción por valor de 190.000 euros.

La Junta de Gobierno Local dio el visto bueno a la primera adjudicación el 3 de junio, amparándose en un informe del viceinterventor municipal, Manuel F. Fernández Colchero. Sin embargo, este informe se había redactado un año antes, el 13 de junio de 2007, y abordaba las incompatibilidades de altos cargos y familiares de forma genérica. En ningún momento se estudiaba el caso de Espada individualmente.

En esta ocasión el Ayuntamiento invitó a participar a seis empresas, pero sólo concurrieron dos. Junto a la sociedad del edil, se presentó también el almacén de materiales de construcción Furecu, SL, pero su solicitud quedó descartada porque la documentación estaba incompleta. En esta ocasión, al igual que en la adjudicación de junio, el Ayuntamiento contaba con un informe del jefe adjunto del servicio técnico municipal de obras Angel Maté Mateos aconsejando la entrega del contrato a la empresa del edil.En las conclusiones del texto, el viceinterventor no ponía reparo legal alguno a la adjudicación. "La prohibición del artículo 178 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General [que considera incompatible que un concejal sea a la vez contratista] no alcanza a la participación accionarial en las sociedades contratistas, sino a los cargos electos individualmente, por lo que el hecho de que el alcalde o concejales tengan acciones no es causa de incompatiblidad para contratar", recoge el escrito.

En el caso de un alto cargo del Estado el resultado habría sido distinto, ya que la legislación les impide participar en "contratos de cualquier naturaleza" con el sector público si son titulares de más de un 10% de acciones.

El técnico municipal que dio el visto bueno a la contratación se encuentra imputado en una causa que se sigue contra la ex alcaldesa Marisol Yagüe por un presunto delito de malversación de fondos públicos relacionado con la reforma de su chalé. Supuestamente hizo los planos de la obra y está acusado junto al ex concejal Vicente Manciles y otro técnico.

La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) aseguró ayer que la adjudicación del contrato a la empresa del edil "se ajusta estrictamente a la legalidad" y "responde a la mejor oferta". "El concejal de Medio Ambiente renunció a todos los cargos que ostentaba en esta empresa en el momento que entró a formar parte del Ejecutivo local", dijo.

Espada dejó de ser administrador de la empresa el 7 de junio de 2007, al entrar en el consistorio. Desde entonces figura como apoderado de la empresa, que también suministró al Grupo Independiente Liberal (GIL) y que arrastra, según Espada, facturas pendientes de esta época.