PP y PSdeG se achacan mutuas ilegalidades en el pleno de Vigo

El pleno municipal de Vigo aprobó ayer una modificación presupuestaria por 1,6 millones para indemnizar a los beneficiarios de 37 licencias de taxi concedidas en 1992 y luego declaradas ilegales por los tribunales. El asunto fue aprobado con los votos de PSdeG y BNG y la abstención del PP, tras un debate que populares y socialistas aprovecharon para achacarse mutuas actuaciones ilegales y que, con los que suscitaron los demás asuntos, pulverizó las limitaciones de tiempo fijadas la pasada primavera para las intervenciones.

La sesión de ayer fue doble: en la extraordinaria, a las nueve de la mañana, el Valedor do Cidadán presentó su informe de 2007 (la misma tónica de "dejadez" del Gobierno con respecto a sus expedientes que en años anteriores) y la ordinaria, a continuación, duró hasta las 16.30 horas, sin descanso y con un reiterativo cruce de acusaciones entre PP y PSdeG.

José Manuel Figueroa, por el PP, reclamó al PSdeG que pidieran responsabilidades en sus filas por aquellas licencias de taxi que concedió una corporación presidida por Carlos Príncipe y en la que eran concejales Xulio Calviño, actual responsable de Tráfico, y Dolores Villarino, presidenta del Parlamento de Galicia. Figueroa anunció que la provisión para indemnizaciones por "negligencias" de aquel Gobierno tendrá que aumentar al menos en 1,8 millones más para devolver lo cobrado indebidamente entre 1992 y 1995 en el recibo del agua y Carlos López Font, portavoz socialista, le acusó directamente de propiciar la bancarrota del Ayuntamiento por las licencias que otorgó para construir ilegalmente en Finca do Conde.