La norma evitará casos como el de Echevarría

El nombre de Inmaculada Echeverría estuvo presente en la exposición que ofreció ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero, sobre las bondades de la futura ley. Esta norma "solventará", según resaltó, casos como el de esta mujer, quien, postrada 11 años en una cama debido a una distrofia muscular progresiva, pidió que la desconectasen del respirador artificial que la mantenía con vida.

"Avala el derecho a rechazar un tratamiento que el médico proponga o incluso a pedir que se retire un tratamiento ya instaurado, aunque suponga poner en peligro o acortar la vida. Esto último fue lo que le ocurrió a Inmaculada Echeverría", dijo Montero, quien detalló que, gracias a la nueva norma, los pacientes cumplirán sus deseos en cualquier centro sanitario, sea público o privado, a diferencia de lo que ocurrió con Echeverría, quien fue trasladada a un hospital público ante la negativa de la orden hospitalaria San Juan de Dios a desconectar la ventilación mecánica.

La lucha de Echevarría y los trámites que tuvo que poner en marcha el Gobierno andaluz para que pudiera ejercitar su derecho, convencieron a la Junta de la necesidad de regular por ley las condiciones de la muerte digna. La iniciativa recibió el respaldo del Gobierno central y del PSOE, que en su último congreso, celebrado a principios de julio, incluyó 10 enmiendas sobre "el derecho a una muerte digna".

Derechos

La consejera enumeró los derechos que reconocerá la nueva ley para diferenciarlo de la eutanasia. "Queda fuera de la ley porque la comunidad andaluza no tiene competencias en esta materia y porque, además, está tipificado como delito en el Código Penal", dijo.

Montero puso especial énfasis en que esta norma es "síntoma de una sociedad moderna y avanzada" y llega en "el momento adecuado" para atender a la sensibilidad de los andaluces. Según detalló, el barómetro sanitario de 2007, cuyos resultados se publicarán en breve, revela que más de 93% de los andaluces coinciden en que "todo el mundo tiene derecho a morir dignamente"; el 78% preferiría no prolongar su vida en situación irreversible si no disfruta de una mínima calidad de vida y el 87% avala un tratamiento contra el dolor aunque suponga vivir menos tiempo.