Las cámaras de tráfico de Torremolinos vulneran la ley de protección de datos

El debate sobre la videovigilancia no sólo afecta a qué imágenes pueden grabar los poderes públicos en las calles, sino también a cómo se conservan las filmaciones y al derecho del ciudadano a saber que está siendo vigilado. Las seis cámaras con forma de ojo de pez que el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga, 60.000 habitantes) instaló en abril de 2006 para controlar el tráfico en el centro de la localidad vulneran la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. El pasado 13 de agosto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) -un ente público independiente- emitió un informe en el que señala dos infracciones graves y una leve en el sistema de videovigilancia del municipio, gobernado por el Partido Popular.

Los inspectores de la AEPD acudieron a Torremolinos a raíz de una denuncia formulada en diciembre de 2006 por el portavoz municipal del PSOE, Juan Ortuño. Tras solicitar al Ayuntamiento diversa documentación, a principios de 2008, los inspectores accedieron a la sala de control de las cámaras, en la jefatura de Policía Local de Torremolinos. Allí comprobaron que cuatro de las seis cámaras -las ubicadas en las calles Hoyo, Europa y Río Mesa y en la Plaza de la Costa del Sol- tienen un campo de visión de 360 grados. Esta capacidad de movimiento permite no sólo enfocar a la calzada que supuestamente se pretende vigilar, sino enfocar a los edificios adyacentes. "Son perfectamente identificables tanto las ventanas como las cortinas, así como el mobiliario exterior", afirman los inspectores en su informe. Igualmente reconocibles son los rostros de las personas y las placas de las matrículas de los coches.

Al acceder a las grabaciones, que se remontan a un año antes, los inspectores comprobaron que una de las cámaras se enfocó directamente a la puerta de acceso de un establecimiento de calle Hoyos. "El campo de visión se limita al establecimiento, y no incluye la calzada. Durante la reproducción de las imágenes se aprecia el tránsito de varias personas cuyo rostro es identificable", verifican los inspectores. El Ayuntamiento informó a los inspectores que optó por las cámaras de 360 grados "por cuestión de economía, pues con una instalación se podían controlar varias calzadas" y para "en un futuro tener posibilidad de realizar labores de vigilancia y seguridad ciudadana".

La AEPD no entra en valorar si la filmación de personas o casas por parte de una cámara de tráfico es legal. Sin embargo, dictamina que las imágenes de las personas son "datos personales" y que su almacenamiento constituye un "fichero" cuya seguridad depende del Ayuntamiento. Y es aquí donde falla el sistema de videovigilancia de Torremolinos.

"El acceso al dispositivo de visión y recuperación de las imágenes carecía de medida de seguridad alguna (contraseña), siendo en consecuencia accesible por cualquier tercer. (...) Resulta imposible determinar los accesos producidos a dichas imágenes", afirman los inspectores. Esto constituye una vulneración grave del "principio de seguridad" de los ficheros, según la AEPD. También deplora que el Ayuntamiento no avisara a los viandantes de la colocación de las cámaras.