El PP de La Vila cobró 1,5 millones en licencias de obras sin estar aprobadas

El anterior gobierno de La Vila Joiosa, con mayoría absoluta del PP, cobró a varios promotores anticipos por las licencias de obras por planes parciales en fase embrionaria. Esos planes parciales están todavía paralizados, mientras el dinero que se recaudó se ha "esfumado" de las arcas públicas. El concejal de Urbanismo, Vicent Serra, del Bloc, explicó ayer que su departamento ha contabilizado más de 1,5 millones de euros que se facturaron a varios promotores "antes de las elecciones municipales de 2007" por la "necesidad imperiosa de contar con liquidez para afrontar pagos", dada la precaria situación económica del consistorio. Serra asegura que "todavía no han podido iniciar las obras en sus parcelas", y algunas licencias no se han concedido.

Según el edil, el cobro tuvo lugar en plena precampaña electoral. En marzo de 2007 la empresa Edival, SL, abonó 418.952 euros por "licencia urbanística y canon ecológico" por una parcela en el plan parcial 4, en la partida Jovades, que "todavía se encuentra en período de exposición pública, según Serra. En ese mismo mes la mercantil Grupo Inmobiliario Luz, SL, abonó 147.672 euros por dos licencias urbanísticas sobre dos parcelas en el plan parcial Barberes Nort. Ambas licencias todavía no han sido concedidas. El edil de Urbanismo asegura que el PP gestionaba de forma "irregular".

El caso más llamativo fue el pago de 1 millón de euros que efectuó la empresa Provitae Centros Asistenciales, SA, con fecha 10 de enero de 2002 al Ayuntamiento en concepto de licencia urbanística para construir un edificio destinado a complejo asistencial en el plan parcial de Cales i Atalayes. "Lo curioso es que, en abril de 2007, cinco años después, un informe técnico de Urbanismo concluye que dicha licencia podría ser concedida una vez aceptado un plan de mejora que se había venido cumplimentando por parte de la empresa entre los años 2003 y 2006", añade el concejal. Serra se pregunta "qué pagó el PP con ese más de millón y medio de euros". El secretario general del PP, Jerónimo Lloret, atribuyó estas declaraciones a "una rabieta" e instó al edil a denunciar los hechos ante la Justicia.