La Audiencia revoca las medidas económicas del 'caso Estepona'

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado a la juez Isabel Conejo, instructora del caso Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga), que levante todas las medidas cautelares de tipo económico impuestas al menos a cuatro implicados en la trama. La operación, que se inició el pasado 17 de junio, acumula hasta el momento 39 imputados, entre ellos el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, actualmente en prisión, y otros siete miembros de la corporación.

La Audiencia malagueña, en cuatro autos sobre distintos imputados, revoca la prohibición de disponer de bienes rústicos y urbanos, ordena desbloquear las cuentas bancarias y devolver las cantidades que tuvieron que depositar los imputados para hacer frente a las responsabilidades patrimoniales que pueden derivarse si son hallados culpables en el juicio.

Los letrados confían en que se levante pronto el secreto de sumario

Los autos de la Audiencia no incluyen las fianzas personales que han debido ingresar varios imputados para evitar ir a prisión y que totalizan 2,3 millones de euros. A pesar de que las resoluciones de la instancia superior sólo se referían a cuatro imputados, el varapalo jurídico ha hecho que la juez Conejo decidiera el pasado día 18 levantar las medidas cautelares de tipo económico a todos los implicados en la trama, según fuentes cercanas al caso.

Varios abogados defensores se felicitaban ayer por la medida ya que consideran que la juez impuso medidas cautelares "indiscriminadas", lo que va en contra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "En este tipo de medidas se tienen que cuantificar las posibles responsabilidades de cada imputado, no se pueden aplicar intervenciones universales, como ha hecho la juez", afirma un letrado.

Durante el verano, la Audiencia Provincial de Málaga ha ido enmendado varias de las resoluciones adoptadas por la instructora en un caso que acumula 39 personas imputadas. El pasado julio, se ordenó el desbloqueo de las cuentas corrientes de la promotora Valle Romano a petición de los abogados de la empresa, una de las más influyentes de la ciudad hasta que se desató la operación. Precisamente, el consejero delegado de la urbanizadora, Luis Fernando Linares, imputado por fraude y malversación, tuvo que abonar 500.000 euros para evitar ir a prisión, la fianza más elevada de cuantas pagaron los imputados en la trama.

La primera fase de la Operación Astapa -erroneamente bautizada así por la Policía creyendo que era el nombre fenicio de Estepona, cuando en realidad es Estebbuna, y Astapa la denominación cartaginesa de Estepa (Sevilla)- ha quedado cerrada con la toma de declaración de empresarios locales, empleados municipales y familiares de los principales imputados, de forma bastante discreta.

En estos dos meses han salido a la luz supuestas cobros de comisiones ilegales, convenios urbanísticos irregulares y casos de enchufismo en el Ayuntamiento de una ciudad que en apenas dos décadas ha triplicado su población hasta los 60.300 habitantes. Los abogados calculan que entre septiembre y octubre la juez Isabel Conejo levantará, al menos parcialmente, el secreto que pesa sobre las actuaciones.