Anticorrupción desvía hacia la Fiscalía el caso del plan de Benalúa

No será Anticorrupción la que investigue la gestión de la edil del PP en Alicante, Sonia Castedo, en la tramitación del plan urbanístico Benalúa Sur. La Fiscalía de Alicante considera que el estudio de la documentación sobre las actuaciones de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino, Sonia Castedo (PP), relativas a la aprobación y ejecución del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial de Benalúa Sur, que contempla la construcción de 150 viviendas, "no es competencia de Anticorrupción" por lo que los documentos se trasladarán al fiscal que corresponda de la Audiencia para que los estudie, según informó ayer Europa Press.

De esta forma, será la Fiscalía de la Audiencia Provincial la que estudie y considere si la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, incurrió en los supuestos delitos de prevaricación, estafa, fraude y tráfico de influencias, tal y como apunta el PSPV que el pasado 6 de agosto entregó la documentación en la Fiscalía Anticorrupción.

Los socialistas estiman que las actuaciones de la edil, otros cargos de su departamento, como el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la empresa urbanizadora, Prasa, son "contrarios a la legalidad y a los intereses públicos". El portavoz socialista Roque Moreno tildó de "valiente" el acto de acudir a denunciar ante la Fiscalía para "controlar que las decisiones que el equipo de gobierno toma en este Ayuntamiento, no vayan en detrimento y prejuicio de los alicantinos".

Los socialistas calificaron de "arbitrarias" varias resoluciones administrativas relativas al caso Benalúa Sur, y señalaron que estas actuaciones "utilizan el poder político y administrativo para obtener resultados mediante un comportamiento orientado a la consecución fraudulenta de objetivos prohibidos y dañinos para el interés público", según Moreno. El PSPV considera "injustos" algunos informes y resoluciones emitidas por la edil de Urbanismo dispuesta a asumir el pago del 50% de los costes de urbanización "lo que supone un detrimento de las arcas municipales". El supuesto tráfico de influencias, según los denunciantes, se halla en "la actitud del gerente y la edil a favor y en defensa de los intereses del urbanizador".