La fuga de una prostituta hace caer una red de proxenetas

La fuga de una prostituta, que aprovechó un descuido de las mujeres que la mantenían encerrada en su piso, ha permitido desarticular una red de proxenetas que explotó a más de 30 mujeres en Lleida. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha imputado a tres presuntos responsables de la red, informaron a este diario fuentes del caso. Están acusados de captar a jóvenes en Rumania con falsas promesas de trabajo para, después, explotarlas sexualmente en pisos bajo una férrea vigilancia.

La banda prometía a las muchachas un trabajo "bien remunerado" en España, e incluso pagaba el viaje en avión hasta Barcelona, y en autobús hasta su destino final, Lleida. Pero una vez allí, el panorama para esas mujeres cambiaba. Liviu Ionel N., de 29 años, las recogía en la estación y las trasladaba a un piso. Ése iba a ser su puesto de trabajo. Las víctimas eran obligadas a prostituirse y debían rendir cuentas a sus dos controladoras. Ése es el nombre con el que se conoce, en argot policial, a las mujeres que colaboran con los proxenetas y vigilan, en general con mano dura, a las prostitutas.

La banda enviaba cada día el dinero recaudado a Rumania a través de la compañía Western Union, añadieron fuentes de la investigación. Harta de la explotación, una de las mujeres huyó del piso y logró regresar a su país. Allí denunció los hechos y sufrió las amenazas de la mujer que la captó. La denuncia, gestionada a través de la Embajada de España en Bucarest, llegó hasta la policía, que se puso a investigar. La mujer ha sido declarada testigo protegido.

Registro policial

Agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de Lleida y de Barcelona constataron una gran afluencia de hombres, a todas horas, en los pisos descritos por la denunciante. El Juzgado de Instrucción número 3 de Lleida autorizó la entrada y registro de la policía en uno de los inmuebles.

Los agentes identificaron allí a tres mujeres que ejercían la prostitución. Dos de ellas (una brasileña y una dominicana) se hallaban en situación irregular en España. Cada media hora de servicios sexuales se cobraba a 40 euros, de los que sólo una parte iba a manos de la mujer.