Una sentencia anula un acuerdo de pagos por la Plisan

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) niega el reconocimiento de los derechos mineros (sobre arenas, gravas y arcillas del subsuelo) a los expropiados del Polígono Logístico Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan, también conocido como puerto seco de Vigo), que precisamente ayer se manifestaron por el polígono para reclamar el cobro de esos derechos que la Consellería de Vivenda les reconoció en un convenio firmado hace un año.

El contenido de la sentencia, emitida el 24 de julio pasado, fue difundido ayer por Vivenda, poco después de la manifestación de unas 800 personas para reclamar las indemnizaciones establecidas en el convenio firmado por representantes de la consellería y de la asociación de afectados.

En cada metro cuadrado del polígono, según se señaló el año pasado, había un promedio de 17 toneladas de áridos, que se cotizaban en el mercado a 1,20 euros la tonelada. A los expropiados, según la jurisprudencia que manejaron, les correspondería entre el 10% y el 30% de esa producción. La Consellería de Vivenda se aprestó a negociar con ellos, como recomendaban dos informes jurídicos encargados al efecto, para evitar un contencioso que podía paralizar las obras de construcción del mayor polígono industrial de Galicia (cuatro millones de metros cuadrados). Las negociaciones duraron un año, hasta firmarse en agosto del año pasado el convenio que reconoció a los expropiados ese complemento de indemnización por sus derechos mineros, pero sólo a quienes los hubieran reclamado. En total, 425 propietarios sumaron 1,5 millones de metros cuadrados que se pagarían a 3,75 euros el metro. Es decir, casi seis millones de euros.

El convenio establecía que eran las empresas graveras las que debían afrontar los pagos a los expropiados, pero éstas se han negado y han provocado la demora en la tramitación de los pagos. Los expropiados se lo han reclamado a Vivenda, y la manifestación de ayer insistía en ello, como órgano expropiador. La consellería se mostraba dispuesta a pagar las indemnizaciones para repercutirlas después contra las empresas, y este mismo procedimiento fue defendido el pasado miércoles por los portavoces comarcales del BNG en O Condado, que reconocían los derechos de los expropiados a esa indemnización y culparon a las consellerías de Economía y de Presidencia de frenar los pagos.

La sentencia del TSXG conocida ayer señala, sin embargo, que, en unos casos, no se disponía de ningún permiso de investigación o exploración, ni de ninguna concesión administrativa y, con respecto a los demás, "aunque los derechos pudieran corresponder a los particulares, no consta que se hubieran ejercitado al inicio del expediente de expropiación", por lo que, según deriva Vivenda, "todos los recurrentes que no dispongan de autorización o concesión de la explotación no tienen derecho a indemnización, situación en la que están incluidos la mayoría de los reclamantes de los derechos mineros".

Ahora será la Asesoría Xurídica de la Xunta la que dictamine cómo debe proceder la Consellería de Vivenda, mientras concluye ya el ingente movimiento de tierras que se ha realizado en todo el ámbito de la Plisan y que ha acumulado millones de metros cúbicos de gravas y arenas en una zona del polígono.