Dopaje sobre ruedas

La alegría por éxitos como el de ayer en baloncesto o el oro de Samuel Sánchez en ciclismo se ha visto ensombrecida por el positivo de Maribel Moreno, que arrastra la vergüenza de ser el primer positivo anunciado por el COI en los Juegos de Pekín. El caso es personalmente fatal (su carrera ha terminado), y supone a la vez añadir una mancha más a la embadurnada página de ese deporte en concreto, gravemente amenazado desde dentro. Y afecta inevitablemente al crédito y la autoestima de toda la delegación española. Precisamente porque es injusto resulta más irritante que se haya dado ocasión para ello; eso sí que es un récord.

El asunto es sangrante pero es también absurdo. El ciclismo femenino es un deporte escasamente profesionalizado, en el que el dinero apenas da para vivir, salvo contadas excepciones. Maribel Moreno, tras la retirada de Joane Somarriba, se ha convertido en la principal ciclista española, pero está muy lejos de las figuras norteamericanas y de los países de la antigua URSS, principales aspirantes a medalla. Dudosamente la EPO habría alterado esa jerarquía en favor de Maribel Moreno. Así, el riesgo era máximo para una recompensa improbable.

¿Qué o quién ha podido llevarle a tomar una decisión tan absurda? La ley española exonera al deportista que revele quién le ha suministrado la sustancia dopante, y de ahí que el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, haya instado a la ciclista a colaborar con la justicia. Las autoridades deben investigar ese tránsito en 24 horas entre la supuesta crisis de ansiedad que motivó el regreso de la ciclista a España y el positivo por EPO.

El hecho de que la dependencia de las sustancias dopantes esté presente en el ámbito de los deportistas no profesionales es una razón adicional para el rigor en su persecución. La Operación Puerto demostró que hay un sistema de dopaje muy organizado a nivel europeo. No será fácil desentrañar la madeja. En Italia, por ejemplo, el organismo que controla la lucha antidopaje no es su Comité Olímpico, sino la Fiscalía Antidopaje, creada en 1996, ante la que debe pasar obligatoriamente cualquier acusado de dopaje. En España no existe un organismo similar, y todo recae en el COE. Eso no significa que la lucha española antidopaje sea débil, sino que el instrumento no es probablemente el más adecuado.