Guerra en IU por el reparto de poder ante el próximo congreso

La guerra ha vuelto a estallar en IU -y esta vez puede ser la definitiva- a tres meses de celebrar su IX Asamblea Federal, aquélla en la que Gaspar Llamazares debe dejar el cargo tras el descalabro electoral. Llamazares, aún coordinador general, afirmó el pasado domingo que no reconoce los censos pactados por sus adversarios internos para esa Asamblea de noviembre -censos que dejan a los llamazaristas en minoría-, y subrayó que en esas condiciones no se siente "comprometido" con el cónclave porque "no se dan las condiciones democráticas". La dirección del PCE le respondió ayer en un comunicado que él carece de "legitimidad moral" para hablar de democracia y que bajo su mandato se ha vivido "la etapa más oscura de IU".

"Estamos dispuestos a llegar a los tribunales. La Asamblea que se está preparando no es democrática, los censos están llenos de irregularidades. Si se mantiene la Asamblea en esos términos, no se celebrará", dicen los fieles al coordinador. "Claro que se celebrará", responden sus enemigos desde la dirección del PCE. Peleas de este tono son relativamente habituales en IU, pero las consecuencias pueden ser esta vez más espinosas: está en juego, según aventuran algunos dirigentes, una posible escisión en la tercera fuerza política española en número de votos.

Censos inflados

En los últimos años IU ha estado dividida en dos grupos enfrentados: los partidarios de Llamazares y el núcleo duro del PCE; tras la catástrofe electoral del 9-M surgió un tercer grupo que se ha convertido en bisagra, y que ahora ha sumado sus votos a los del PCE para acordar los censos territoriales en función de los cuales se repartirán los delegados a la Asamblea.

Esos censos, según los fieles al coordinador, están inflados en las federaciones afines al PCE y dejan en minoría a Llamazares. "No los aceptamos, no aceptaremos esa Asamblea", advierte un dirigente. Desde el grupo que hace de bisagra responden así: "Los censos son provisionales, pueden volver a revisarse en septiembre y, si hay irregularidades, denúnciense. Pero ¿por qué éstos no valen y los de anteriores asambleas, que eran iguales o peores, sí?".

La amenaza de los llamazaristas de trasladar la bronca a los tribunales, dicen sus críticos, no es creíble: "Sería un disparate político. Si Gaspar se queda en minoría, tendrá que aceptarlo".